La desaparición de material biológico altamente sensible en un laboratorio de máxima seguridad en Brasil derivó en la detención de una científica argentina, en un caso que encendió alarmas en la comunidad científica y permanece bajo estricta reserva judicial.
El hecho ocurrió en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), una de las casas de estudio más prestigiosas del país vecino, ubicada en el estado de San Pablo. La protagonista es Soledad Palameta Miller, una investigadora rosarina de 36 años especializada en virología y bacteriología de alimentos, que se desempeñaba como docente y coordinadora en el Instituto de Biología.
EL CASO
El episodio se remonta al 13 de febrero, cuando se detectó la falta de muestras almacenadas en un laboratorio de nivel 3, una categoría que implica estrictos protocolos de bioseguridad debido a la manipulación de agentes capaces de provocar enfermedades graves e incluso con potencial de transmisión aérea.
Durante semanas, el caso se mantuvo en reserva hasta que el 23 de marzo las autoridades de la universidad lo hicieron público. A partir de allí intervino la Policía Federal de Brasil junto con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que aportó asistencia técnica en la investigación.
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Ese mismo día se concretó la detención en flagrancia de un sospechoso vinculado al robo, mientras que dos allanamientos permitieron recuperar el material sustraído. Las muestras fueron luego trasladadas al Ministerio de Agricultura brasileño para su análisis, aunque no se difundieron detalles sobre su composición por motivos de seguridad.
En ese contexto, Palameta Miller fue detenida y trasladada a una unidad penitenciaria femenina en San Pablo, pero recuperó la libertad al día siguiente bajo condiciones judiciales. Según el informe oficial, está imputada por hurto agravado, fraude procesal y transporte ilegal de organismos genéticamente modificados.
Desde la universidad evitaron precisar cómo se produjo la falla en los controles internos, aunque confirmaron el inicio de una investigación administrativa paralela para determinar eventuales responsabilidades dentro del laboratorio.
Por su parte, la defensa de la científica niega que haya existido un robo y sostiene que la utilización de esas instalaciones respondía a limitaciones estructurales para el desarrollo de sus investigaciones. El caso, en ese sentido, también abrió un debate sobre las condiciones de trabajo en el ámbito científico y el acceso a infraestructura adecuada.
Mientras tanto, la Justicia no descarta la participación de otras personas y analiza el entorno de la investigadora. La causa continúa abierta y bajo estricta reserva, en un expediente que combina preocupación por la seguridad biológica con interrogantes aún sin resolver.
