Luego de semanas de tensión judicial en Brasil, Agostina Páez, la abogada argentina señalada por realizar gestos racistas en Río de Janeiro, obtuvo una resolución que le permite volver al país. La decisión fue tomada este martes durante una audiencia en el Tribunal Penal N°37, donde se analizó su situación tras la imputación por injuria racial.
La joven, de 29 años, manifestó su alivio tras conocer el resultado, aunque admitió que todavía no logra sentirse tranquila. “Hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, expresó ante la prensa al salir de la audiencia.
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El fallo establece que Páez podrá regresar a su provincia, Santiago del Estero, aunque deberá cumplir con tareas comunitarias como parte de las condiciones impuestas por la Justicia brasileña. Además, aún resta definir cuándo le será retirada la tobillera electrónica que utilizó durante el proceso.
Durante la jornada judicial —que se extendió por casi cuatro horas— declararon en primer lugar los empleados del bar donde ocurrió el hecho. Luego expuso la fiscalía y, finalmente, la defensa solicitó que el caso continúe en territorio argentino.
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A diferencia del sistema judicial argentino, el modelo brasileño concentra gran parte del proceso en una única audiencia, donde el juez puede resolver de inmediato si dicta una condena, una absolución o si el expediente requiere una instancia adicional. En este caso, la definición llegó el mismo día.
Previo al debate, Páez había dejado en claro su preocupación por una eventual detención. Según sostuvo, temía por su seguridad y afirmó haber recibido amenazas. También remarcó el impacto emocional que le generó la causa: “Fue la peor experiencia de mi vida”, aseguró.
En relación al episodio que originó la denuncia, la abogada reconoció que su reacción fue inapropiada, aunque negó haber tenido una actitud racista deliberada. De todos modos, pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos.
El caso se remonta a días atrás, cuando Páez se encontraba de vacaciones junto a amigas en Ipanema. Allí fue filmada realizando gestos considerados racistas a la salida de un bar, lo que derivó en una denuncia por parte de empleados del lugar y su posterior detención.
La imputación incluyó tres hechos de injuria racial, un delito que en Brasil contempla penas de entre dos y cinco años de prisión por cada episodio. En el escenario más severo, la acusada enfrentaba una posible condena de hasta 15 años de cárcel.
Con la resolución adoptada este martes, el panorama judicial de la joven dio un giro, aunque su regreso definitivo al país aún depende de los pasos administrativos que restan completar.
