La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) volvió a responsabilizar a los gobiernos nacional, provincial y municipal por la falta de avances en las obras de la cuenca del Salado, y reafirmó su “compromiso innegociable para terminar el Plan del Salado y proteger al interior productivo” frente al impacto de las inundaciones.
En un comunicado, la entidad remarcó que desde hace nueve meses productores y habitantes de una vasta región bonaerense, especialmente en la zona central, enfrentan “una inundación como no se veía desde hace muchos años”, un fenómeno que “por ahora no muestra señales de retroceder”. Este escenario, señalaron, volvió a poner en evidencia reclamos históricos de CARBAP ante los distintos niveles del Estado.
La organización rural sostuvo que “todos, sin excepción, cargan con una cuota de responsabilidad que ya no pueden esquivar”, y alertó sobre la magnitud del daño: en la cuenca del Salado —unas 17 millones de hectáreas— las imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre muestran casi 2 millones de hectáreas inundadas o anegadas, y otras 3,8 millones afectadas. Aclararon que esta última categoría incluye áreas sin agua visible pero igualmente improductivas por “falta de piso, caminos intransitables y ausencia total de accesibilidad para maquinaria”.
Frente a esa situación, la entidad exigió “a los tres niveles de gobierno que asuman su responsabilidad”, fijando un horizonte concreto: “Para el año 2030, las obras del Plan Maestro del Río Salado deben estar terminadas en su totalidad”. Indicaron que “no se trata de un slogan ni de una expresión de deseo”, sino de “una obligación moral, productiva y social”, dada la cantidad de hectáreas productivas, familias rurales y bonaerenses afectados de manera directa o indirecta.
CARBAP insistió en que las obras necesarias, “canales, puentes y obras hidráulicas básicas”, no representan desafíos tecnológicos extraordinarios y que “Argentina cuenta con técnicos, ingenieros y maquinaria disponible”. Para la entidad, “la capacidad existe; lo que falta es decisión política”. Además, respondieron a quienes cuestionan la disponibilidad de recursos: “En esta cuenca sí hay plata: la generan los productores y la recaudan los tres niveles del Estado todos los años”.
La entidad remarcó que el año 2030 “no es una meta aspiracional. Es un límite. Es una obligación”, y llamó a las autoridades actuales y futuras a asumir “un compromiso público, explícito y verificable”. “Porque las inundaciones no esperan. Porque la producción no espera. Porque la familia rural, la educación, la salud, la seguridad y el futuro del interior productivo tampoco pueden seguir esperando”, concluyeron.
