El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a instalar un debate que también toca de cerca a la Provincia de Buenos Aires: qué hacer con los fondos de los planes sociales y cómo impacta la suspensión de pensiones por discapacidad dispuesta por Nación.
Sáenz propuso que los planes sociales destinados a extranjeros en zonas de frontera se suspendan y que esos recursos se redirijan a jubilados y personas con discapacidad. Si bien su planteo surge desde la experiencia salteña, donde se registran beneficiarios que cruzan desde países limítrofes, la discusión interpela a todo el país: Buenos Aires concentra la mayor cantidad de titulares de programas sociales y también el mayor número de jubilados y pensionados.
“El dinero que se destina a quienes no residen ni aportan al país debería volcarse a quienes más lo necesitan”, argumentó el mandatario, que ya aplicó una política de arancelar la atención médica a extranjeros en los hospitales públicos salteños.
El conflicto por las pensiones
En paralelo, Salta presentó un amparo ante la Corte Suprema para exigir la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Esa medida, que afecta a beneficiarios en todo el país, también golpea a la Provincia de Buenos Aires.
Sáenz cuestionó la “torpeza” de aplicar auditorías desde la Capital Federal sin considerar las realidades locales: “No es lo mismo notificar a alguien en la Ciudad de Buenos Aires que en un paraje a cientos de kilómetros”, sostuvo.
El gobernador advirtió que la suspensión de pensiones no solo interrumpe ingresos, sino también la cobertura médica y los insumos, generando “una angustia muy grande” en las familias. Por eso reclamó auditorías “serias y transparentes” y pidió que “no paguen justos por pecadores”.
