Hace unos días este portal alertó sobre la situación límite del Banco Provincia ante la imposibilidad de financiar el déficit que deja de María Eugenia Vidal y que encargó de blanquear la propia gestión. Ahora son los propios trabajadores del BAPRO quienes ponen el grito en el cielo ante lo que puede ser el quebranto del grupo.
Según advierten, el próximo 6 de diciembre vence el bono de $4.259.606.000 que el Gobierno bonaerense emitió para “compensar” la transferencia de fondos que le acreditó ANSES al banco y que “la gobernación desvió y malversó para afectarlos a otros fines, de los cuales hasta la fecha no hay paradero”.
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En el comunicado exponen la gravedad de la cuestión y hablan de presiones violentas: “Luego de fracasar en el intento de conseguir fondeo para cumplir con el compromiso, la gobernadora presionó violentamente al directorio para que aceptara un canje de los títulos por otro emitido con vencimiento 6 de septiembre de 2020, mediante una carta que el actual ministro de Economía provincial le remitiera a Curutchet”.
Es decir que si Vidal logra reperfilar la deuda con un nuevo bono en el Banco Provincia el banco deberá asumir una nueva pérdida que, desde Comisiones Gremiales aseguraron a INFOCIELO será de 500 millones.
Las comisiones gremiales advierten que si se acepta se estaría incurriendo en una “falta grave” a la Carta Orgánica del banco y a la legislación vigente, porque se estaría aceptando una pérdida patrimonial “de singular impacto”.
Como a una semana del vencimiento, ni el canje o el pago son “alternativas esperanzadoras”, sostienen que Vidal deberá declarar el tan temido default y el banco perdería una gran suma de activos.
Por otro lado, remarcan que este mes el balance del banco arrojará una merma de más de 600 millones parta cubrir déficit de jubilaciones y un gran quebranto originado por las pérdidas de la ART.
“Diciembre será altamente revelador de los desastres ocasionados por Heidi, Lacunza y compañía, que han tenido al BP, a nuestrxs jubilados y a nosotrxs lxs trabajadorxs como blanco principal de sus tropelías, y a un directorio sumiso (con excepciones) que se hará cargo de un balance desastroso producto de decisiones políticas que colocarán a todos más cerca del delito que de la gloria”, remarcan.
Por eso exigen la investigación de la denuncia para responsabilizar a quien le quepa y llevar a los estrados a los culpables. “La actual gobernadora deberá considerar seriamente la mudanza de su actual residencia hacia la casa de sus padres, ya que un instituto penal podría ser también su destino”, concluye el duro comunicado.
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