La etapa más fuerte del ajuste que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, a partir de los pedidos del Fondo Monetario Internacional y las metas de “déficit cero”, le dio nuevos bríos al viejo plan del Ministerio de Modernización que promueve la cesantía de unos 19 mil trabajadores del Estado.
En el sudoeste bonaerense, más concretamente en Bahía Blanca y Punta Alta, hay temor por el futuro de mil trabajadores de la Armada, que se desempeñan en la base Comandante Espora y en Puerto Belgrano. Son cerca de 3.500 trabajadores, la mitad de la dotación de esa fuerza, y se prevén unos mil despidos.
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En marzo de este año, una delegación del entonces Ministerio de Modernización recorrió las instalaciones y llevó a cabo informes respecto de los recursos humanos. En Espora hay unos 400 trabajadores y en Punta Alta más de tres mil, que llevan a cabo un abanico de tareas, algunas de las cuales requieren alto grado de capacitación y tecnificación.
De ese relevamiento surgió una “recomendación” para eliminar los mil puestos de trabajo. La Armada intentó resistir: ofreció hacerlo mediante jubilaciones y retiros voluntarios en un plazo de dos años, pero la respuesta fue negativa. “Esto se va a resolver antes de fin de año”, le dijo a INFOCIELO una fuente de Defensa.
No se trata de presunciones sino más bien de certezas y cada uno de los trabajadores que allí se desempeñan teme por su continuidad laboral. Especialmente los contratados, que, según reconstruyó este portal, son cerca del 10 por ciento de la dotación total.
“Hacemos todas las tareas, tenemos de todo. Hay técnicos y administrativos”, le explicó a este portal Néstor Moriggia, secretario de organización de ATE Bahía Blanca, con casi 30 años de trabajo en la base Comandante Espora. Allí, como en Puerto Belgrano, no hay “ñoquis”: “todos cumplen horario, hay control mediante tarjeta magnética y huella digital”, precisó.
En Espora se realizan tareas sensibles: el mantenimiento de la Flota Aeronaval 2, trabajos en las plantas motrices, todas tareas altamente especializadas que están a cargo de ingenieros y técnicos con décadas de antigüedad, trabajadores calificados y certificados. “Esto es muy fácil de desarmar, pero muy difícil de volver a crear”, se indignó Moriggia.
Desde ATE apuestan a involucrar a la política local en la resistencia ante los inminentes despidos. El Concejo de Bahía Blanca ya emitió una resolución en febrero. Se prevé que la próxima semana, concejales de todos los bloques recorran las instalaciones.
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