Un nuevo escándalo involucra al Gobierno de Javier Milei tras la difusión de imágenes que comprometen seriamente el relato oficial. Se trata del ingreso irregular al país de diez valijas a bordo de un vuelo privado proveniente de Estados Unidos, que eludieron todos los controles de seguridad en el Aeroparque Jorge Newbery. El hecho, que tuvo lugar a fines de febrero, quedó registrado en un video difundido recientemente por el canal TN y es investigado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), especializada en casos de corrupción.
La protagonista del viaje es Laura Belén Arrieta, una joven de 32 años empleada del empresario Leonardo Scatturice, quien también es dueño del jet privado utilizado en el traslado. Scatturice, radicado en Miami y con un pasado vinculado al mundo de la inteligencia, es el flamante comprador de la aerolínea Flybondi y organizador (junto a Arrieta) de la edición local de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), evento de ultraderecha en el que participó el propio Milei y que abrió el puente con el expresidente estadounidense Donald Trump.
Desde el Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni había negado de manera tajante la existencia de las valijas. “Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas”, dijo en su habitual conferencia de prensa en marzo, asegurando que el equipaje jamás bajó del avión y que la pasajera “es una ciudadana de a pie” que “no tiene relación con el Gobierno”. Sin embargo, las imágenes ahora difundidas muestran lo contrario: Arrieta y dos tripulantes descendiendo del jet N18RU con múltiples bultos que no fueron sometidos al control aduanero ni a los escáneres correspondientes.
La investigación, según el dictamen de la fiscalía, advierte que solo se declaró la mitad del equipaje y que la maniobra fue facilitada de manera deliberada por personal de Aduana. No se trató de una situación excepcional ni de una congestión operativa que justificara el desvío del protocolo, sino de una decisión expresa para permitir el ingreso sin control. La PIA también detectó graves irregularidades en la documentación del vuelo: los registros de Migraciones y ANAC no coinciden con los itinerarios reales del avión, tanto en su arribo al país como en su partida hacia Europa.
La causa se encuentra en etapa preliminar y la Justicia ya solicitó cámaras de seguridad, informes a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a la Dirección General de Aduanas, a la ANAC y a Migraciones. Mientras tanto, desde el Ejecutivo no hubo declaraciones oficiales tras la difusión de las pruebas que contradicen lo afirmado públicamente por el vocero Adorni.
La exposición del caso genera incomodidad en el entorno presidencial por el estrecho vínculo entre los protagonistas del vuelo, la organización de la CPAC y el ascenso empresarial de Leonardo Scatturice, hoy convertido en actor clave del mercado aerocomercial argentino. El silencio del Gobierno contrasta con la gravedad de las denuncias, que involucran posibles delitos de contrabando y tráfico de influencias.
