El titular del SUTEBA y de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel denunció a un precandidato a presidente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza y lo acusó de “criminalizar la protesta social”.
Se trata del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien firmó un decreto que sanciona la protesta social. “Morales intenta criminazalizar la protesta social. Es el mismo que encarceló a Milagro Sala por una contravención y ahora lo mismo pretende hace con los trabajadores”, explicó Baradel a Telam desde Ginebra, donde participa de la 111° Conferencia de la OIT, organismo de las Naciones Unidas.
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Es que el precandidato a presidente de la UCR y actual mandatario provincial de Jujuy firmó el decreto Nº 8464, en el que dispuso penalizar la manifestación de los trabajadores con el argumento de buscar “garantizar los derechos de libre tránsito y circulación”.
“Presentamos una nota ante Corinne Vargha, la Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, que es la que se ocupa del tema de la libertad sindical”, señaló Baradel, titular del gremio docente más grande de la Provincia de Buenos Aires.
En esa línea, aseguró que la funcionaria le conformó a la comitiva gremial que se analizará esa situación en ese organismo internacional. De la conferencia también participa la ministra de Trabajo nacional, Kelly Olmos, con quien Baradel y sus pares se reunieron “para expresarle nuestra preocupación y repudio por el accionar de Morales” al tiempo que junto con la CGT le pidieron “que intervenga”.
“A la vez, le solicitamos su pronta intervención para garantizar el derecho que les asiste a las docentes y a todos los trabajadores y trabajadoras de Jujuy de ejercer el derecho a huelga y a la protesta sin que esto implique ningún tipo de persecución ni criminalización”, postuló el gremialista.
Baradel analizó que el decreto de Morales es “a todas luces ilegal, inconstitucional y violatorio de las máximas garantías constitucionales en materia de libertad sindical, libertad de expresión, derecho de peticionar ante las autoridades y derecho a huelga entre otras, consagradas todas en la Constitución Nacional y en los convenios de la OIT cómo el C 87 y el 98”.
“Morales pretende ser candidato presidencial mientras viola convenios internacionales como son la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y la sindicalización”, consideró.
En Jujuy hay protestas docentes hace días y desde la semana pasada iniciaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de sueldos que superen el valor de la Canasta Básica, fijada en más de 200.000 pesos. Asimismo, el reclamo también pasa por “un mayor incremento al básico que es lo que nos asegura el aporte jubilatorio” y por una nueva convocatoria a paritaria.
¿Qué dijo el Ministerio de Trabajo al respecto?
Esta mañana, la cartera laboral se expidió sobre el caso y expresó hoy su “preocupación” por el dictado de recientes normas, en jurisdicciones provinciales, que “violentan tanto el derecho de huelga como el de libre expresión”.
“En efecto, se han sancionado normas (provincia de Salta, Ley N° 8376 denominada “Ley de Convivencia Social” sancionada el día 01 de Junio de 2023), que bajo el ropaje de conciliar derechos de distinta índole y rango, lo cierto es que en su implementación presentan importantes desajustes con la legislación nacional e internacional sobre el derecho de huelga”, apuntaron en comunicado oficial.
En ese marco, destacaron que “cuestiones como la imposición de nuevos servicios esenciales, la atribución de prohibir determinado tipo de medidas o la autorización a las fuerzas de seguridad para interrumpir protestas en curso, no toleran un examen de constitucionalidad”.
“Concreta y más recientemente -añadieron desde el Ministerio de Trabajo- en la provincia de Jujuy se ha dictado el decreto 8464, que modifica una ley provincial, y bajo el pretexto de garantizar los derechos de libre tránsito y circulación, veda y penaliza la manifestación de trabajadores y trabajadoras, vulnerando la libertad sindical y disponiendo el empleo de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia Penal para criminalizar y reprimir la protesta”.
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