El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió este jueves el procesamiento de los cuatro integrantes de la agrupación Revolución Federal, sin prisión preventiva, y les trabó embargos por $9 millones.
Se trata de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, quienes ayer fueron liberados por orden de la los camaristas porteños Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, lo que generó el repudió incluso del presidente de la Nación.
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“Tanto por las redes sociales como en las calles, realizaron actos y emitieron expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio, principalmente contra autoridades públicas de la actual gestión del PEN y/o de sus adeptos, constituyéndose así en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la Vicepresidenta”, sostuvo el juez de Giorgi.
Como adelantó este medio en octubre, el magistrado utilizó una figura del Código Penal poco frecuente que implica penas de entre 3 y 8 años de prisión a quien “organizare o tomare parte en agrupaciones (…) que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
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Al momento del pedido de detención, el fiscal Germán Polillita, ya había dictaminado que “se terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidenta de la Nación”.
De ese modo, los investigadores siguen los pasos de los integrantes de Revolución Federal previos al atentado a Cristina Kirchner, como el escrache a dirigentes del kirchnerismo que protagonizó Sabrina Basile en las puertas del Congreso nacional contra Juan Grabois, o la violencia esgrimida contra el auto que transportaba a Sergio Massa hacia Casa Rosada al momento de asunción como ministro de Economía.
También, el magistrado analizó el posteo que realizó Gastón Guerra en sus redes sociales, en el que se lo ve en el piso de arriba del edificio de la vicepresidenta en Recoleta, en lo que sería el departamento de su vecina, Ximena de Tezanos Pinto. “Y sino la llevan presa, qué quilombo se va a armar”, escribió.
En esa línea, el magistrado evalúa los distintos mensajes en redes sociales de la agrupación y sus líderes, como cuando difundían que “los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas (…) Todos van a sufrir las consecuencias de sus actos”.
Incluso, el fundador de la agrupación, Jonathan Morel, aseguró de modo póblico en una entrevista que el objetivo principal de las acciones de Revolución Federal era que “los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas”.
“Desde su estructura criminal montada, con decisión mancomunada, coordinaron y articularon la logística de sus múltiples acciones delictivas de manera conjunta o alternada; siendo en todo momento guiadas por el odio y la intolerancia, con fuerte interacción en redes sociales, a través de las cuales reclutaban militantes con su misma tendencia ideológica”, afirmó el juez.
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