En medio del repudio generalizado por la brutal represión policial frente al Congreso, que dejó a más de un centenar de detenidos y al reportero gráfico Pablo Grillo gravemente herido, el Gobierno decidió avanzar con un nuevo proyecto de ley que promete encender aún más la polémica: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el envío al Congreso de una iniciativa que crea la figura penal de “Asociación ilícita del fútbol”. Según afirmó, el objetivo es “encuadrar a las barras” y “tipificar los delitos de estas barras bravas”.
La propuesta lleva la firma del presidente Javier Milei y fue presentada apenas días después de los violentos episodios del miércoles pasado. Durante una conferencia de prensa junto al director de Eventos Deportivos, Franco Berlín, Bullrich sostuvo que el país necesita “solucionar un problema de violencia estructural que tiene en las barras del fútbol” y aseguró que el proyecto viene trabajándose “desde que llegamos al gobierno”. Sin embargo, hasta el momento, el oficialismo no logró aportar pruebas que respalden su versión de que existió una participación organizada de barrabravas en la marcha de jubilados.
Para el Gobierno, la “ley antibarras” no solo busca sancionar delitos relacionados con los espectáculos deportivos, sino también ir contra “todos los negociados que rodean a la actividad de estas barras”, según explicó Bullrich. Además, sostuvo que esta figura se complementa con la recientemente votada “ley antimafia”, permitiendo actuar sobre “un tipo de violencia y organización que le hace muy mal a la Argentina”. En caso de condena, los acusados recibirían penas agravadas si se demuestra que actuaron dentro de una barra organizada.
La constante de minimizar la represión
Pero el alcance del proyecto va más allá de los grupos violentos. Bullrich advirtió que también se castigará a dirigentes de clubes que “faciliten entradas, alquilen micros, o permitan el ingreso de armas o elementos contundentes a las canchas”. Y redobló su postura al afirmar: “Prohibirles la entrada a la cancha implica desarmar esta lógica de negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras”.
A la vez, la ministra aprovechó la ocasión para desestimar las denuncias por el accionar represivo de la Gendarmería. Consultada por la situación del fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió un disparo en la cabeza mientras cubría la marcha, Bullrich negó que el agente responsable haya sido identificado. “Las reconstrucciones que están haciendo no cumplen con los protocolos de las fuerzas de seguridad y los análisis no son rigurosos”, expresó, sin ofrecer más detalles sobre la investigación en curso.
Incluso llegó a justificar el accionar de las fuerzas: “El disparo no fue directo a la cabeza, eso no es verdad. Ni siquiera podría haber sido por la distancia a la que estaba”, afirmó, asegurando que el disparo fue hecho “según el protocolo de Gendarmería”. Para Bullrich, focalizar la atención en un gendarme individual es “querer dar la vuelta de la realidad” y responsabilizó a los manifestantes por la violencia: “Fueron a destruir al país”, dijo.
Las declaraciones no solo apuntan a blindar políticamente el operativo represivo, sino también a continuar instalando una narrativa que criminaliza la protesta social. Como ya hizo días atrás, Bullrich acusó a quienes se movilizaron de querer “volver a la situación anterior, donde tenían la calle ganada”, en una frase que deja en claro el posicionamiento del gobierno frente a la disidencia.
Este nuevo proyecto, que mezcla lucha contra el delito con persecución política y que pone bajo la lupa tanto a barras como a simples socios de clubes que se manifestaron, vuelve a colocar en tensión los límites del poder estatal y el respeto a las garantías constitucionales. Porque, como vienen advirtiendo distintos sectores, manifestarse no es un delito: es un derecho.
