Sergio Massa se alineó con el “ala dura” del oficialismo frente a una problemática que preocupa al más alto nivel: las tomas de tierras que se multiplican en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Massa reclamó que el Gobierno desaloje a los ocupas y que retire los beneficios sociales, si es que los tuvieran, a quienes incurran en ese tipo de delitos.
Massa habló del tema particular de Villa Mascardi, Río Negro, pero también de una situación que se da en Victoria, partido de Tigre. Para ambos dispuso el mismo criterio: “el Estado tiene que hacer cumplir la ley, y si hay gente tomando tierras lo que tiene que hacer es desalojar”, dijo.
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También planteó que se evalúe la posibilidad de quitarles beneficios sociales a quienes participen de tomas. “Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE”, adelantó.
“Sino es que como que cada uno hace lo que quiere”, opinó el exintendente de Tigre, tras lo cual adelantó que tratará el tema junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien, por su parte, habló del abordaje de la cartera que conduce respecto de la situación en Mascardi.
En ese sentido, explicó que “para evitar la escalada de violencia y prevenir los choques alentados por esos grupos, enviamos y reforzamos el personal de las Fuerzas Federales” luego de que se recavaran denuncias respecto de “grupos organizados que ostentando armas de fuego instigaban la violencia, el uso de armas y amenazas”.
La problemática de la toma de tierras se viene multiplicando en todo el país. En Buenos Aires se registraron oleadas de “ocupas” en La Plata, La Matanza, Presidente Perón, pero también en distritos del interior como Pehuajó, donde el propio intendente, Pablo Zurro, puso manos a la obra para impedirlas.
Esto motivó una acción del Gobierno orientada a satisfacer la demanda de techo y vivienda, que, sólo para la provincia de Buenos Aires, se estima en un millón de hogares. Eso se traduce en el relanzamiento del programa PROCREAR, pero también en un fuerte impulso a las políticas de construcción y de generación de suelo urbano.
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