Mientras el gobierno de Macri anuncia medidas para aliviar al sector privado y aprueba un bono de cinco mil pesos para parte de los trabajadores, al mismo tiempo firma un DNU que busca recortar el pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo.
En síntesis, la medida reducirá 14 puntos porcentuales entre un crédito pagado con la ley vieja y un crédito pagado con la ley nueva. El DNU se justificó por los “incrementos desmedidos” de accidentes laborales y enfermedades de los trabajadores. Pero hace tan solo cinco días atrás, un trabajador murió en una obra en la nueva estación de Ezeiza.
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Es parte de las modificaciones que el gobierno buscaba aprobar a partir de una Reforma laboral, que no pudo ser presentada en el Congreso debido a la correlación de fuerzas desfavorable que encuentra tras su derrota en las PASO.
La tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) funciona como mecanismo de cálculo de indemnizaciones por incapacidad laboral. Agotada la instancia de tratamiento de salud para llegar a la recuperación, se fija un porcentaje de incapacidad y se calcula una indemnización. Esa se actualiza en función de la inflación, que hasta 2018 había sido del 41 por ciento, pero que con el DNU de Macri, se reduciría considerablemente.
“Que los incrementos desmedidos de las potenciales indemnizaciones como consecuencia de la aplicación de la tasa activa prevista en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, tanto en los siniestros en instancia administrativa como en los pasivos judiciales, en relación con los rendimientos financieros de los activos con los que las Aseguradoras respaldan esos compromisos, son perjudiciales para la necesaria solvencia del sistema”, reza el documento.
Sin embargo, el Decreto podría ser considerado “inconstitucional” y la medida ya podría tener la resistencia de parte de varios gremios en el país. De hecho, el abogado laboralista Raúl Ferrara explicó que la medida de Macri podría ir en contra de varios tratados internacionales.
“Desde mi punto de vista es inconstitucional, porque se aplica en material de derecho laboral algunos principios de raigambre constitucional y de tratados Internacional de DDHH, que establece que en materia laboral se aplique el principio de progresividad. Impide retroceder en reconocimiento de derecho, con lo cual creo que fácilmente esto va a ser planteado por los trabajadores”, desarrolló para INFOCIELO el integrante de Grupo Descartes.
Otro de los datos que hacen aún más polémica al decreto presidencial es que la medida será retroactiva, con lo cual podría afectar a los juicios laborales que ya se habían ganado previamente por parte de los trabajadores.
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