El proyecto que permite la formación de una comisión investigadora para luego realizar el juicio político sobre el procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, no llegará a buen puerto como esperaba el Frente de Todos, que ve cada vez más lejana esa posibilidad aunque aseguran que van a “pelear”.
Es que el texto fue girado a tres comisiones por las que debe pasar triunfal antes de llegar al recinto. El problema para el oficialismo es que en una de ellas no tiene la mayoría y no contará con los votos de la Unión Cívica Radical (UCR) como esperaban desde un principio. Asuntos Constitucionales y Justicia; Legislación General y Derechos Humanos son las tres comisiones por las que pasará y es en la última donde el oficialismo solo tiene dos votos.
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“Vamos a rechazar el proyecto”, sentenció ante Infocielo un dirigente radical de peso que acumula años en los pasillos de la Legislatura bonaerense. En tanto, desde el Frente de Todos, la diputada Susana González afirmó que pese a no tener los números, “tenemos que ir y ver qué pasa, no podemos quedarnos en esta situación en la nada”.
Desde el partido centenario marcaron a este medio que “más allá del tema de (Marcelo) Villegas, es un buen Procurador” y “le dio calidad institucional al cargo”. Según afirman, el oficialismo también coincide con eso porque “ha resuelto cosas difíciles” pero “están aprovechando esta situación, vamos a priorizar que su trabajo es bueno”.
Las diferencias internas en la coalición no generarán un dolor de cabeza al Procurador, que está en la mira por más de una causa polémica. “No hay razones para creer que el Procurador incumplió en sus funciones en detrimento de los bonaerenses”, afirmaron.
En los primeros pasos del Frente de Todos para impulsar el juicio cuando todavía no habían decidido que pase por comisiones, la senadora María Teresa García había apelado “a que el radicalismo a que tome conciencia, hay que facilitar los dos tercios para pedir la remoción de Conte Grand. No tenemos el número, por eso apelo a que tenga una conducta ética y renunciar”.
En ese momento, desde el sector boina blanca había manifestado que “no corresponde que conserve el cargo”, al tiempo que lamentaron que tenga su consecuencia en “la avanzada del kirchnerismo”. Eso cambió y la UCR decidió no apoyar.
Un apoyo del radicalismo a la investigación alteraría -aún más- el delicado estado de la situación en Juntos, justo en medio de los intentos por sostener la unidad a como de lugar. Un legislador fuerte del PRO marcó a este medio que si la UCR apoyara la salida del jefe de los fiscales, “estarían complicando la posición interna dentro del frente y sería difícil de explicar”.
“¿Están todos los partidos de Juntos de acuerdo en que exista un mecanismo de espionaje para meter presos dirigentes con connivencia de la Justicia?”, cuestionó la senadora Teresa García en pos de convocar al “llamado a conciencia” para habilitar el debate legislativo.
En diálogo con Infocielo, analizó: “Yo creo que no, y si la respuesta es esa, entonces tienen que facilitar el tratamiento. Quizás la comisión detecte otras cosas que lo resuelven de otra manera, pero no pueden negarse a tratarlo, es una locura, es una afectación a la construcción democrática que los partidos hagan esto”.
Los ejes del pedido de juicio político
En el mes de diciembre, Diputados bonaerenses del Frente de Todos lanzaron la intención de llevar al jefe de los fiscales a juicio político por “mal desempeño en ejercicio de sus funciones”.
Entre los puntos centrales del pedido, mencionan la “pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al ex Presidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre”.
La “manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal” y
la “efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas, que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre”.
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