La provincia de Buenos Aires tiene cierto retraso respecto de las modificaciones operadas en la legislación nacional relacionada con los derechos de las víctimas en los procesos penales.
Desde hace tiempo existen proyectos que intentan legislar para así aggiornar las normativas que reglan el proceso penal bonaerense y establecer los derechos que las víctimas ya han logrado en la Justicia Federal, en buena medida.
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Y cuando todo parecía encaminarse para un final a todo orquesta la política metió la cola; desde el oficialismo no parecen estar muy dispuesto a regalar un tema que, en parte, la oposición lo considera propio. En concreto aparecieron las acusaciones cruzadas.
El presidente de la Comisión de Legislación General pretendía seguir extendiendo el trabajo en ese ámbito del expediente en curso en el Senado de la provincia y la oposición rechazó la moción, lo que generó una serie de desencuentros sucesivos con final incierto.
El senador del FdT Francisco Durañona, el presidente de Legislación General, así lo describió: “el bloque JxC incurrió en una actitud profundamente desleal y antidemocrática, al poner fin de manera unilateral al debate en torno al proyecto de Ley de Víctimas que se venía trabajando en un marco de respeto y pluralidad”.
Desde el otro rincón no se quedaron atrás: “quedó plasmada en la reunión de Legislación General la actitud dilatoria y antidemocrática de los representantes del Frente de Todos, que intentaron de forma intempestiva bloquear el tratamiento del proyecto” de Ley.
Cabe consignar que en el Senado bonaerense se da la particularidad que la oposición ostenta la primera minoría y el oficialismo la segunda; por lo tanto, en las comisiones permanentes, independientemente de quien las preside, la oposición constituye mayoría y quorum propio. Al igual que en el recinto del Cuerpo.
Durañona y todos los legisladores del FdT se retiraron de la reunión legislativo al monto que los senadores de JxC se disponía a pasar a votación de las eventuales mociones y en ausencia de los oficialistas votaron su moción de mayoría, con modificaciones respecto del dictamen conjunto que se había hecho, también de mayoría, de las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos.
A lo largo de las últimas tres reuniones realizadas por la Comisión de legislación general pasaron más de 30 expositores y expositoras que compartieron sus apreciaciones en torno al proyecto de marras.
“Todos ellos hicieron interesantes evaluaciones”, reconoció Durañona que detalló “pretendía considerar para la elaboración del dictamen final”.
“Sin embargo, el bloque de JxC no le otorgó ninguna importancia a la voz de las organizaciones que representan a las víctimas, los académicos, los funcionarios y los demás participantes y, sorpresivamente, aprobó un proyecto de dictamen de manera unilateral, sin mostrar la mínima vocación de trabajar en pos del consenso y el acuerdo”, completó el ex intendente de San Antonio de Areco.
“Para nuestro espacio es prioritario tener una ley que garantice el acompañamiento de las víctimas en la provincia de Buenos Aires”, dijo el vicepresidente de la comisión de Legislación General del Senado bonaerense y miembro de la bancada de senadores JxC, Leandro Blanco.
Y acusó: “quedó plasmada en la reunión de Legislación General la actitud dilatoria y antidemocrática de los representantes del Frente de Todos, que intentaron de forma intempestiva bloquear el tratamiento del proyecto” de Ley sobre los derechos de las víctimas en los procesos penales.
Para el senador oficialista “esta celeridad del espacio que responde a la ex gobernadora María Eugenia Vidal contrasta con el tratamiento que ella le dio al proyecto de Ley de Víctimas durante su gestión, ya que en los cuatro años en que permaneció en el cargo, ninguna de las iniciativas existentes al respecto fueron tratadas”.
No obstante, desde la oposición se reconoció que “el intercambio generado tanto en la comisión de Seguridad conjunta con Derechos Humanos como así también en Legislación General con las ONGs de familiares de víctimas, han sido de gran aporte para efectuar las modificaciones pertinentes que permitieron llegar a un mejor dictamen”, según deslizó el opositor.
“No obstante lo expuesto, consideramos que las víctimas no pueden seguir esperando, por eso avanzamos y decidimos aprobar el proyecto de ley”, concluyó el vicepresidente de la Comisión interviniente y miembro de la bancada opositora, el radical Leandro Blanco.
Participantes
Entre otras asociaciones y organizaciones que nuclean a familiares de víctimas del delito participaron académicos, entre los que sobresalen el juez y profesor universitario, Ignacio Gallo, y la jueza Mariana Maldonado, ambos integrantes de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires durante los años 2016 y 2017; los reconocidos profesores de Derecho Penal, Fernando Díaz Cantón y Martín Arias Duval; el secretario de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal bonaerense, Francisco Pont Vergés; el presidente del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Almeida; la directora provincial de Casos Críticos y de Alto Riesgo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Silvina Perugino; el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Lisandro Pellegrini; y el presidente de la organización Grooming Argentina, Hernán Navarro, entre otros y otras.
Proyecto
El despacho de mayoría que finalmente se votó en tres Comisiones y que puede llegar a ser tratado por los senadores en la próxima sesión pretende “garantizar y asegurar; a las personas humanas y/o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal; el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, en caso de petición expresa”.
A su vez, se busca establecer y promover políticas públicas tendientes a empoderar a las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso, y posterior al mismo.
Entre los objetivos del proyecto de Ley se encuentra la creación de centros de protección a las víctimas, asesoramiento psicológico y el nombramiento de un abogado de manera gratuita.
Además, los familiares deberán ser informados sobre el avance de las causas y podrán participar en la formación de las pruebas y en la ejecución penal, y ya no sólo en el juicio oral.
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