En una nueva sesión de la comisión de Juicio Político que la Cámara de Diputados desarrolló este jueves contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, los demandantes ratificaron antes los legisladores los pedidos de juicio político.
En primer lugar, fue el turno de la diputada Paula Oliveto de la Coalición Cívica, quien ratificó su denuncia contra Ricardo Lorenzetti y expresó que “se fundamenta en su mal desempeño, su falta de idoneidad moral, y por eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”.
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“No vamos en contra de su rol, si no por el manejo de los fondos. Por el rol que tuvo Lorenzetti como presidente de la Corte; debido a sus competencias, de él dependía el diseño, la implementación y la ejecución de relevantes decisiones administrativas sobre el presupuesto, la administración de los fondos y el diseño orgánico del Poder Judicial”, señaló.
En esa línea, la diputada de la Coalición Cívica se refirió a 29 hechos que se imputan en el pedido de juicio político a Lorenzetti, destacó su rol como “el articulador de una matriz de negocios dentro del ámbito de las competencias“, “la evidente falta de transparencia en su gestión al frente de la Corte Suprema” y “por cooptar estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la Justicia.”
Por su parte, su compañero de bancada y presidente del bloque de la CC, Juan Manuel López sostuvo que su iniciativa “es una ampliación del proyecto de su preopinante”, y cuestionó “el poder de influencia de Lorenzetti sobre los distintos actores para que se sancione la Ley del Consejo de la Magistratura”.
En tanto, desde el oficialismo el diputado Eduardo Valdés ratificó también su pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte (Lorenzetti, Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rozenkratz), basándose en los supuestos artículos de la Constitución Nacional violados por el máximo tribunal.
“El mal desempeño es contra el federalismo y contra los derechos humanos”, indicó Valdés, y explicó que “la denuncia es por irregularidades en la gestión de la obra social de la Corte, por abuso de autoridad, y por tráfico de influencias, entre otros fundamentos”.
Además, el diputado del Frente de Todos apuntó contra el presidente de la Corte, H. Rosatti, y lo acusó del “delito en la comisión de sus funciones, proyecto que además contiene el pedido del Presidente de la Nación y 11 gobernadores, presentado en esta cámara con la firma de 15 diputados nacionales”.
Al respecto, Valdés recordó el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició con más fondos a la Ciudad de Buenos Aires, y expresó que “distribuyeron recursos públicos violando el artículo 128 de la Constitución Nacional al no convocar a los gobernadores”.
El legislador se refirió al pedido de catorce gobernadores para presentarse como amicus curiae en la medida judicial solicitada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, solicitud que fue desoída por la Corte comandada por Rosatti.
Y manifestó: “¿Por qué no escuchó a los gobernadores?, ¿Será por la relación de Rosatti con Rodríguez Larreta, vehiculizado por medio de Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, que ya habían sido recusados por la Procuración del Tesoro de la Nación por ese vínculo?“
Por último, los organismos de derechos humanos ratificaron su denuncia contra la Corte Suprema por frenar las causas que investigan la comisión de delitos de lesa humanidad. El abogado defensor de ddhh, Pablo Llonto, describió el causante del pedido de juicio político y dijo que “el hecho es que esperamos hasta el 22 de enero si Horacio Rosatti convocaba a la comisión interpoderes, creada frente al enorme problema para reanudar y acelerar causas de lesa humanidad y que era imposible que avanzaran”.
Sin embargo, Llonto indicó que la comisión creada por una acordada de la propia Corte Suprema, durante el periodo del actual presidente “no sesionó y no fue convocada jamás”. “El presidente de la Corte Rosatti cometió uno de los hechos más graves porque el mensaje con ese silencio es un mensaje que llega a todos los jueces“, expresó.
En esa dirección, expusieron también en la comisión la ex detenida desaparecida, Patricia Isasa, quien acusa a Horacio Rosatti de proteger a un represor de la dictadura durante su periodo como intendente en la municipalidad de Santa Fé.
Mientras que la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, acompañó las denuncias de Llonto e Isasa y dijo que el juicio político contra la Corte es “imprescindible”. “Si tuvieran un mínimo de dignidad en este momento ya estarían renunciando al cargo”, afirmó.
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