En medio de las acusaciones de lawfare que realiza el Frente de Todos hacia sectores del Poder Judicial, en las últimas horas se conoció que dos jueces macristas salieron sorteados para intervenir en la causa que inició la polémica Farmacity contra la provincia de Buenos Aires. La empresa que perteneció a Mario Quintana (ex funcionario y amigo de Mauricio Macri) quiere instalarse en territorio bonaerense y desconocer las leyes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) designó a los magistrados y estalló la polémica.
La CSJN realizó un sorteo para designar conjueces en la causa “Farmacity S.A. c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/pretensión anulatoria -recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”. Esto fue luego de que Rosenkrantz y Rosatti (designados durante el macrismo) se excusaran para resolver en la causa. No obstante, el sorteo generó suspicacias debido a que dos de los jueces poseen vínculos muy cercanos con el ex presidente Macri.
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Según se conoció, de un listado de 22 presidentes de juzgados federales, fueron sorteados Martín Irurzum y su suplente Gustavo Hornos. Se trata de dos magistrados que son fuertemente señalados por el kirchnerismo como los impulsores del lawfare que tiene como principales acorralados a quienes integran el Frente de Todos y ocuparon cargos en el Estado.
La causa de Farmacity salpica al macrismo desde el inicio ya que hasta el 2018 el dueño de la empresa fue Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete. Además, intervenían en el proceso judicial tanto Rosenkrantz como Rosatti. El primero se excusó por su vínculo previo con la compañía como abogado ya que su estudio la representa y el segundo se apartó
A su vez, como segundo conjuez fue sorteada Mirta Gladys Sotelo de Andreu y su suplente Jorge Moran.
Farmacity S.A. inició una acción iniciada con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3° y 14 de la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires, que regula el ejercicio de la profesión farmacéutica en la provincia de Buenos Aires, que no incluye sociedades anónimas propietarias de farmacias y establece una distribución racional de las mismas en el territorio provincial.
El Colegio de Farmacéuticos bonaerense asistió al sorteo en su condición de tercero coadyuvante, en el juicio que la empresa Farmacity realizó a la provincia de Buenos Aires en 2012.
Al respecto, desde la entidad señalaron que “como agentes de salud, mantenemos el mismo compromiso en la defensa del modelo sanitario de farmacias. Como ciudadanos defendemos las competencias que tiene la legislatura provincial para establecer las leyes del ejercicio profesional de los farmacéuticos”.
“Anhelamos que la reactivación de esta causa concluya con el respaldo de la Justicia a una Ley sancionada durante la democracia, que no permite la incorporación de la sociedades anónimas, puramente mercantiles, y garantiza a los bonaerenses el acceso a sus medicamentos en toda la provincia, dispensados por un profesional farmacéutico, en localidades pequeñas, medianas y grandes, en el centro y la periferia de las comunidades”, manifestaron.
Por último, lanzaron: “Finalmente, pedimos a los jueces de la CSJN que avalen la independencia de las provincias para legislar en materia de las profesiones y la salud de la población”.
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