Mediante una carta abierta dirigida a los legisladores de la Nación, presidentes y presidentas de 20 Colegios Departamentales que conforman el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires cuestionaron las medidas tomadas por el Gobierno de Javier Milei mediante el DNU y la Ley Ómnibus.
A su vez, cuestionaron “la validez constitucional” de la Ley 26.122, que consideran “una deformación de la cláusula constitucional“. Este posicionamiento va en sintonía con el análisis de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA), quienes concluyeron que el mismo “no cumple con los requisitos constitucionales necesarios, invadiendo competencias legislativas y afectando derechos fundamentales”.
Entre los argumentos -que expresan preocupación y desacuerdo con el DNU- explicaron que el mismo “introduce modificaciones sustanciales en diversas áreas legales, como relaciones civiles, comerciales, laborales, género y diversidad, legislación penal, administrativa y electoral”, y señalan que hay reformas que consideran “inconvenientes, impracticables o con posibles repercusiones constitucionales“.
Posición de los abogados contra la Ley Ómnibus
En relación a este proyecto de ley, los abogados y abogadas firmantes sostienen que son dos los temas que más les preocupan, que están relacionados a su actividad profesional: los divorcios administrativos y los procesos sucesorios no contenciosos.
El proyecto de ley busca introducir el divorcio administrativo en Argentina, permitiendo que los cónyuges disuelvan su matrimonio mediante una presentación conjunta ante un órgano administrativo. La carta abierta destaca la oposición a esta propuesta, argumentando que la figura del abogado es crucial en situaciones de divorcio para garantizar asesoramiento y protección de derechos.
“La ausencia de un abogado dejará en desventaja a una de las partes, que conforme los hechos nos muestran, son generalmente las mujeres y que además atenta contra la seguridad jurídica de los ciudadanos en general“, advirtieron.
En cuanto al segundo tema, los abogados critican a la técnica legislativa del proyecto, cuestionando la opción de permitir este tipo de sucesión en casos sin controversia entre los herederos y cuando todos son capaces. Se argumenta que el proyecto podría generar conflictos y que ya existe una regulación procesal suficiente en los códigos de procedimientos.
Además, se critican aspectos específicos del proyecto, como los requisitos y aranceles notariales, sugiriendo que la intervención judicial brinda mayor seguridad jurídica. “La sucesión extrajudicial -notarial- sería otro foco más de conflicto que el proyecto de ley ómnibus pretende reeditar careciendo de valor práctico“, explicaron.
En conclusión, los profesionales remarcan la importancia de evitar modificaciones apresuradas y sin la necesaria fundamentación, y advierten posibles retrocesos en materia de género, diversidad y salud mental, señalando que ciertas propuestas podrían violar el sistema constitucional-convencional.
