En una nueva sesión de la comisión de Juicio Político que la Cámara de Diputados lleva adelante contra la Corte Suprema de Justicia, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto cargó contra el fallo del 2×1 emitido por los máximos magistrados en favor de los condenados por delitos de lesa humanidad.
“El fallo desnudó un profundo cinismo por parte de los magistrados, ya que el resultado que propugnaron lo adscribieron al retraso de la tramitación de las causas”, expuso Estela de Carlotto en relación al caso Muiña mediante el cual la Corte Suprema buscó sentar precedente para la liberación de represores.
TE PUEDE INTERESAR
Y añadió: “Fallaron favoreciendo indiscriminadamente y de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia”.
Se trata del fallo de mayo de 2017, firmado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, el cual forma parte de una de las acusaciones contra los magistrados por mal desempeño de sus funciones.
“Subestimaron al pueblo organizado y a la reacción de este Parlamento que, en tiempo récord, aprobó la ley interpretativa consagrando legislativamente los estándares que aquellos ministros omitieron maliciosamente”, recordó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo respecto al rechazo popular que generó el fallo yque luego fue vuelto atrás con una ley del Congreso nacional.
A su turno, el ex ministro de Justicia Germán Garavano negó ante la comisión haber negociado con los miembros de la Corte Suprema el fallo del 2×1, una de las hipótesis que se barajan en el proceso de juicio político. “Por muchos de los hechos que incluyen los expedientes que se mencionan, yo he sido falsamente denunciado en sede penal”, expresó.
“Tuve una posición del fallo Muiña, creo que no correspondía como no correspondía el 2×1. No solo en delitos de lesa humanidad sino en delitos sofisticados, porque es una norma que critiqué siempre“, aseguró el ex funcionario, y agregó: “Tuve varias declaraciones sobre las prisiones preventivas, que no son de un gobierno. Y si cometieron algún delito, está muy bien que avance el juicio político, pero no por el contenido de sus fallos, no es parte de la independencia.”
A su vez, este martes fueron citados como testigos las periodistas Silvana Boschi, Irina Hauser, Luciana Bertoia y sus colegas Ignacio Miri y Martín Granovsky, para que ratificaran notas publicadas sobre los entretelones del fallo en cuestión.
Mientras que Boschi aseguró haber accedido a fuentes que le permitieron sostener la versión de que el operador judicial del gobierno de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón había intervenido ante la Corte Suprema para favorecer el fallo a favor de genocidas, Hauser sostuvo que “Rodríguez Simón es quien tenía el vínculo con Carlos Rosenkrantz”.
Los diputados del Frente de Todos plantearon además la negociación que habría sucedido entre Elena Highton de Nolasco y el Poder EJecutivo para permanecer en la Corte más allá de sus 75 años, lo cual fue avalado por la investigación del periodista político Mirri.
En tanto, Bertoia reconstruyó el contexto en el que se dio el fallo y explicó que “hubo un cambio” de doctrina en la Corte Suprema en materia de derechos humanos, “sobre todo a partir de mayo de 2017 donde la Corte de alguna manera lo que hace es desengancharse del sistema interamericano con el fallo Fontevecchia”.
En esa línea, la periodista recordó las reuniones que la Conferencia Episcopal Argentina realizó junto a familiares de represores, lo que había sido repudiado públicamente por organismos de derechos humanos, así como “había una discusión en torno a la prisión domiciliaria de prisioneros por delitos de lesa humanidad”, debido a las declaraciones del ex secretario de DDHH, Claudio AvruJ, de marzo de 2016: “el tema de la excarcelación de la gente (condenada por delitos de lesa humanidad) de más de 70 o de 80 años tiene que ser igualitaria para todos”, aseguró entonces el funcionario. “118 pedidos de 2×1 en solo dos meses”, indicó que se dieron tras el fallo Muiña.
TE PUEDE INTERESAR
