En una nueva jornada de testimoniales, hubo una extensa lista de citados a exponer en el marco del pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dentro de la lista previa de invitados a exponer figuraban el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano; el senador nacional José Torello (PRO); el exasesor judicial de Mauricio Macri, Rodríguez Simón, hoy prófugo; la periodista Silvana Boschi; y el juez del Tribunal Superior de Justicia de CABA, doctor Santiago Otamendi, quienes no se presentaron a brindar declaración sobre el fallo del 2×1 de la Corte Suprema en 2017 en favor de genocidas condenados.
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La hipótesis de investigación de la Comisión es que habría habido un acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Corte para beneficiar a los represores.
En tanto, tampoco concurrieron la doctora María Laura Roteta, de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, y el abogado Marcelo Mazzeo, quienes estaban citados para hablar acerca de los chats de Marcelo D’Alessandro, tema de una reunión anterior.
Al comienzo de la reunión, presidida por la diputada Carolina Gaillard (FdT), respondieron preguntas Gladys Cuervo, trabajadora del Hospital Posadas, y Zulema Chester, hija del detenido desaparecido Jacobo Chester, extrabajador del Hospital Posadas, quienes se refirieron al desempeño de la Corte Suprema en el fallo sobre el 2×1.
En primer lugar, Cuervo sostuvo que no conoce personalmente a los magistrados, sino “por sus fallos”. Con respecto al fallo dejó en claro que “es una amnistía encubierta”. “Espero que se haga justicia siempre”, remarcó.
Asimismo, recordó que “Muiña -Luis, el represor que fue beneficiado con la aplicación del 2×1- y su patota se paseaban impunemente por todo el hospital, con armas y fusiles al hombro, eran totalmente reconocibles a cara descubierta. Pero cuando me tuvieron encerrada se tapaban las caras y yo reconocía sus voces”.
Zulema Chester, actual integrante de la Dirección de Derechos Humanos del Posadas, expresó que “el tema del 2×1 fue una aberración jurídica, nefasto, que nos cayó muy mal, generó impotencia y frustración y seguimos buscando justicia”. “Durante el gobierno macrista hubo una oficina de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) que funcionó dentro del Hospital Posadas”, especificó.
En contrapartida, la diputada Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica) criticó el hecho de traer a la Comisión a declarar a personas que “han pasado por momentos tan difíciles” para analizar jurídicamente el caso Muiña en la semana del 24 de marzo al considerar que es “banalizar el horror y denigrar la memoria”.
Otro de los interrogados fue Horacio Pedro Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, quien se refirió a la demanda de Elena Highton como “un caso de relevancia institucional”. “Tenía que ver con la integración del alto tribunal y era un proceso de amparo por lo que era imprescindible responder por parte del sistema jurídico”, añadió.
Por su parte, la fiscal María Ángeles Ramos, de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, también fue consultada acerca del fallo de 2×1 de la Corte por delitos de lesa humanidad. El diputado Leopoldo Moreau (FdT) advirtió que “la inmensa mayoría de los pronunciamientos no fueron en línea con el fallo de la Corte”.
En tanto, Ramos explicó que “no necesariamente un precedente de la Corte deba aplicarse como una ´plancha´, como habitualmente decimos en Tribunales, sino que, en cada caso, puede ser un estándar o un indicador de la interpretación, pero no significa que deba replicarse en todos los demás”.
Por último, fueron convocados Federico Morgenstern y José Sebastián Elías, de la vocalía del doctor Carlos Rosenkrantz, titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Consultado sobre la causa Muiña, Morgenstern consideró: “No tengo idea de nada extra jurídico, mi experiencia en la Corte desmiente absolutamente esa cosa espuria que se está insinuando”.
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