En un mundo híper conectado, la telefonía es una necesidad fundamental. En una Argentina acuciada por las urgencias derivadas de la crisis económica, son muchos los que viven del rebusque. Cartoneo, compra y venta de objetos, y hasta robo de cables. Si bien no es una “actividad” nueva, los cables son buscados por el cobre de su interior. Un kilo de este material puede rondar entre los 900 y los 2500 pesos. Y Movistar se encuentra en el ojo de la tormenta.
La empresa de telefonía debería hacerse cargo y reestablecer el servicio que ha sido cortado por el robo del cable, por más que no haya sido su responsabilidad. Los usuarios tampoco tienen la culpa de quedarse sin servicio y siguen pagando de todas maneras. En estos últimos días, Movistar fue noticia porque, para la empresa, ellos no son los que deben hacerse cargo de la reposición de los cables, dejando sin servicio a miles de clientes.
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Dante Rusconi, abogado especialista en derecho del consumidor, se explayó sobre esta estafa al aire de Gente Despierta, en la mañana de LA CIELO y la llamó por su nombre. “No es robo de cables, es robo de un servicio público. El robo de cables, que existe, en hechos aislados, puntuales, no justifica que la empresa cambie la tecnología y la calidad del servicio. No es un ofrecimiento, es una coerción. Te mudan a la fuerza a los clientes a la tecnología digital”.
Y agregó: “La empresa no quiere reponer líneas de cobre aduciendo altos costos u obsolescencia, pero lo importante es que es robo de un servicio público. Las empresas instalan en nuestras cabezas que algunas cuestiones justifican sus actitudes. En este caso, y aún si el robo de cables fuera realmente una pandemia, es un costo que debe asumir la empresa, el de reemplazar las líneas y continuar prestando el servicio en las condiciones en las que lo venía haciendo”.
Queda claro que el pacto entre cliente y empresa no se cumple: “Movistar hogar presta el servicio y debe asumir esas obligaciones. Entre ellas mantener las líneas, reparar líneas dañadas y ofrecer un servicio en condiciones, de acuerdo a la reglamentación. Hay una resolución judicial que impidió que la telefonía móvil sea servicio público”.
A su vez, se expresó sobre los “problemas paralelos” que trae aparejado que la empresa no se responsabilice por el “robo del servicio público”: “se quedan sin servicio de monitoreo de alarma, que se conecta a telefonía fija”.
Como si esto fuera poco, Rusconi afirmó la existencia de “cientos de casos que han sufrido el corte del servicio sin que haya habido robo de cables en la zona”.
El abogado explicó la dinámica por la cual, ante la falta de cobertura, “obligan” al usuario a cambiarse a un servicio digital. “La acción se hace a través de distintas formas de empujar a los clientes a pasarse a telefonía móvil. En la página de telefónica, van a ver que el servicio tradicional, línea de cobre, ya no está a la venta. Ofrecen un servicio digital, que no se mide por pulsos, y requiere la instalación de un módem, porque se presta en las zonas donde hay fibra óptica. Ofrecen triple play y otros servicios de valor agregado donde las empresas obtienen más lucro que prestando un servicio público“.
Lamentablemente, no es la primera vez. Y tampoco la última. “Movistar ha sido condenada tanto en sede administrativa, se le aplicó multas por esta cuestión, por modificar unilateralmente la prestación de servicio, pero también tiene condenas judiciales que los obligan a restablecer el servicio a usuarios por haberles aplicado esta digitalización de prepo”.
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