A una semana de la madrugada en la que un ejemplar de coipo (o nutria) fue asesinado a golpes en la calle Paraguay al 500, en Bahía Blanca, el caso ha dejado de ser un episodio de crueldad animal para convertirse en un fenómeno de violencia social que atraviesa todas las instituciones de la ciudad.
Lo que comenzó como un video viral de maltrato animal escaló a una crisis que involucra a la propia Municipalidad, al Honorable Concejo Deliberante —HCD—, la Universidad Nacional del Sur —UNS— y causas penales cruzadas por intimidación en redes sociales.
La tensión política alcanzó su punto máximo tras la sesión del último jueves en el HCD, donde no prosperó una iniciativa para declarar “personas no gratas” a los jóvenes involucrados. Ante las amenazas recibidas por los ediles que no acompañaron el proyecto, la Presidencia del cuerpo emitió un duro comunicado oficial expresando su “más enérgico repudio a todas las amenazas y cualquier gesto de violencia”.
Desde la institución remarcaron que, si bien el debate y las diferencias de opinión son legítimos en democracia, “lo que no puede admitirse son las amenazas o cualquier intento de condicionar el libre ejercicio de la representación mediante la violencia o la intimidación”. El texto oficial también advirtió que la defensa de una causa, por legítima que sea, “nunca puede derivar en agresiones o amenazas hacia otras personas”.
Hacia una ordenanza contra el maltrato animal
En medio del clima de intolerancia, el Concejo Deliberante decidió convocar a instituciones proteccionistas, ONGs y vecinos para empezar a trabajar en una legislación de fondo. El objetivo es construir una normativa que ordene el abordaje de estas problemáticas, reconociendo que “no alcanza con indignarnos cuando aparece un caso aberrante”.
Según informaron fuentes del HCD, la iniciativa busca crear “herramientas concretas: un protocolo de actuación, circuitos claros de denuncia, intervención y seguimiento, articulación con las áreas municipales, prevención, educación y sanciones cuando correspondan”. Se destacó que la ciudad no quiere ser indiferente y que es necesario que el Estado local esté más presente, con una idea clara de “qué hacer, cómo intervenir y cómo acompañar” ante hechos de violencia contra los animales.
Judicialización y el pedido de los acusados
Por su parte, los jóvenes identificados en el video, Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, oriundos de Huanguelén, realizaron una contraofensiva judicial. Ambos entregaron sus teléfonos celulares a la Justicia para que se analicen los “cientos de mensajes intimidatorios” y amenazas de muerte que aseguran haber recibido tras la viralización del ataque.
Mientras el fiscal Santiago Garrido avanza con la causa por maltrato animal, la Policía inició de oficio una investigación por las amenazas a los concejales, ante un panorama de violencia que parece no encontrar techo. En paralelo, la comunidad de Huanguelén lanzó una campaña bajo la consigna “No insulten a un pueblo entero”, intentando frenar la estigmatización que sufren los vecinos de la localidad por el accionar de los dos implicados.
Hay que decir que las repercusiones del caso trascendieron las fronteras de Bahía Blanca: hasta el presidente Javier Milei retuiteó un comentario en el que se repudiaba el accionar de los chicos, en tanto que otros miembros del Congreso se expresaron de la misma manera a través de las redes sociales.
