Por Norberto Liwski*
Hace pocas semanas UNICEF a través de un riguroso estudio preciso que el 48,20% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país se sitúan en el plano de la pobreza y a la cual se debe agregar el aumento de la inseguridad alimentaria.
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Nadie seriamente puede suponer que la gravedad que implica que la mitad de nuestra niñez viva en la pobreza puede constituir un hecho aislado del conjunto de medidas económicas que agravian fuertemente las familias más humildes y despojan de derechos fundamentales a los niños que las componen.
Este modelo económico define conceptualmente a esta franja de la población como “descartable” expresado muy gráficamente cuando la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires hizo pública su opinión sobre la imposibilidad de que los niños pobres lleguen a la Universidad.
En las últimas horas, la Ministra de Seguridad de la Nación y otros funcionarios nacionales relanzaron la campaña destinada a bajar la edad de imputabilidad. En declaraciones públicas, la Ministra Bullrich expreso “hoy la edad de imputabilidad es de 16 pero estamos creando una imputabilidad penal a los 15 y una imputabilidad administrativa a cualquier edad …”.
Esta afirmación acompañada de datos inexactos, desconoce por un lado las obligaciones del Estado Nacional con el derecho internacional de los derechos humanos expresado en la Convención sobre los Derechos del Niño (Articulo 40) y muy especialmente con las recientes Observaciones y Recomendaciones efectuadas por el Comité de Naciones Unidas en las cuales explícitamente se requiere que las modificaciones de la legislación penal juvenil se efectúen de acuerdo a los estándares internacionales y sin disminuir la edad mínima penal.
Al mismo tiempo bajo la denominación de imputabilidad administrativa argumenta: “Sera un régimen muy estricto compuesto de imputabilidad y tratamiento …”
El avance en esta dirección implicaría un profundo retroceso en el sistema jurídico elaborado en armonización con la Convención mencionada y retomaría los principios del Patronato y consecuentemente el desconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujeto activo de derechos.
Mientras estos anuncios movilizan a sectores de la sociedad civil, las iglesias, partidos políticos democráticos, los sindicatos y el mundo académico para rechazar la iniciativa, exigimos simultáneamente que se garantice el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales que resguardan y protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
*El autor es médico, especialista en niñez -UNICEF-ex Vicepresidente Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
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