“En caso que no se pueda reformar dicha ordenanza, una reconversión laboral con un mínimo de $1200 con un plazo estimativo, permitiéndonos ejercer libremente nuestra actividad durante la transición de la reconversión”, indicaron.
Así mismo expresaron su “repudio y el pedido de informes por los hechos de violencia sucedidos contra los trabajadores de la calle , y esclarecimientos de los hechos, todo esto tratado en la sesión venidera del HCD, notificándose por intermedio de los medios de prensa”.
En ese sentido solicitaron además “garantizar la integridad física y psíquica de los compañeros agredidos, responsabilizando al Intendente por sus vidas”. Así mismo reclamaron a las Universidades que “nos acompañen en el diseño del proyecto de reconversión laboral, y/o mejora para el desarrollo de nuestra actividad por medio de estudios de impacto ambiental., y todo lo pertinente en la temática”.
“A las Fuerzas Políticas y Sociales, les pedimos que se pronuncien contra los hechos de violencia de nuestros compañeros y la persecución; disolución de las patotas del municipio y los grupos de tarea, desocupación y la pobreza”, indica la misiva.
Según señala el comunicado, rechazan de plano la violencia ejercida contra “Juan Orellana y Daniel Fernandez dentro del predio municipal de 20 y 50 y alrededores del mismo, por las patotas que responde a la conducción política del Sr. Intendente Pablo Bruera y su colaborador Bruera Mariano.Asi como también las agresión sufridas a Militantes del ARI(Fuerza política opositora) mientras realizaban una pintada, y al dirigente nacional de un movimiento social Raúl Castells en el palacio municipal mientras realizaba una protesta contra el tarifazo y la falta de ayuda social a los más necesitados”.
“Los trabajadores de la calle intentamos en muchas oportunidades llegar al dialogo para una solución haciéndole llegar propuestas para un buen tratamiento de nuestra problemática, siempre encontrando la negativa por parte del ejecutivo municipal, realizamos protestas con corte de calles como medida de lucha; no fuimos escuchados, pedimos audiencias y nunca fuimos atendidos, y las pocas veces que fuimos convocados por directores de control urbanos, nos expresaban que ellos no tenían solución que lo único que nos convenía era dejar nuestro trabajo para que luego poder tratar alguna propuestas para la reconversión laboral ,y ante nuestra pregunta de que íbamos a vivir mientras tanto, la respuesta era: ‘Que eso no eran asunto de ellos, que éramos tontos por que no la supimos hacer al no juntar una moneda'”, expresan.
Para finalizar señalan que “ante la negativa al tratar la problemática como se debe y no consensuar solución alguna, decidimos permanecer en nuestros lugares de trabajo, (la venta callejera la consideramos trabajo ante la desocupación)en lo cual provoco la reacción de parte del municipio endureciendo los operativos no solo decomisando nuestra mercadería sino agrediendo físicamente a nuestros compañeros, causas que se tramitan en distintas UFI del fuero penal no llegando a ningún resultado,esto a medida que pasa el tiempo se pone mas áspero a tal punto que parece una verdadera casería en donde la presa somos nosotros los vendedores callejeros, producto de la desigualdad social”.
