La diputada nacional Marcela Pagano, electa por La Libertad Avanza, publicó este miércoles un hilo en el que denuncia un esquema de pagos a gobernadores a cambio de votos para leyes impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. Según su relato, se trata de una maniobra “ilegal, inmoral e ilegítima” que explica por qué el Ejecutivo pudo avanzar con reformas de manera exprés.
“Los ‘aliados’ recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a Gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima”, escribió en la red social X, en el que describió con lujo de detalles una operatoria en la que presuntamente el Gobierno “repartió a los que le votaban las leyes usando como cajero al banco Nación” y cuya última terminal era “el cuevero de baja monta”, Toto Caputo.
Un punto central de la denuncia es el presunto origen de los fondos. Pagano afirmó que el dinero salió de la caja del impuesto a los combustibles, fondos que por ley solo pueden destinarse a obras viales y que están en el ojo de la tormenta. Señaló que el Gobierno los repartió a través del Banco Nación y que quien “aprieta el botón de pago” es el ministro de Economía, Luis Caputo.
Pagano aseguró que ya realizó la denuncia penal por presunta “administración fraudulenta, cohecho y malversación”, luego de haber solicitado “cada certificado con fecha de aprobación, de pago y la firma del que lo liberó”.
“Lista de precios” de las leyes
Según los datos que difundió, en los días de votación se liberan 3,44 veces más pagos que el resto del mes. Los gobernadores reciben la presión hasta el último momento y, una vez aprobadas las leyes, se liberan los fondos, cuyo destino real “es incierto” porque “nadie ve obras viales en marcha”.
La diputada detalla montos asociados a votaciones clave:
2025 (precio “minorista”, ley por ley):
- Reforma laboral (11-13 de febrero): $17.139 millones
- Ley de glaciares (8-10 de abril): $12.551 millones
- Hojarasca y zonas frías (19-21 de mayo): $14.096 millones
Total en tres votaciones: $33.786 millones (el 52,7 % de todo lo pagado en cinco meses).
2024-2025:
- Ley Bases (junio 2024): $11.275 millones
- DNU del FMI: $6.596 millones a Santa Cruz (48 horas después)
- Ficha Limpia: $7.895 millones a la vialidad de Jujuy (el mismo día)
- Vetos a jubilados y discapacidad: $20.983 millones (esa semana)
Gobernadores señalados
Pagano identifica a cinco gobernadores que, según su denuncia, “cedieron a la extorsión”: Carlos Sadir, de Jujuy; Hugo Passalacqua, de Misiones; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Claudio Vidal, de Santa Cruz, y Gustavo Sáenz, de Salta.
| Gobernador | Provincia | Monto | Detalle |
|---|---|---|---|
| Carlos Sadir | Jujuy | $11.987 M | Vía empresa de la Ruta 34 (97,5 % en días de votación) |
| Hugo Passalacqua* | Misiones | $13.493 M | Vía UTE de la Ruta 105 |
| Osvaldo Jaldo | Tucumán | $2.322 M | A su vialidad, en las tres ventanas |
| Claudio Vidal | Santa Cruz | $2.104 M | Único pago del año, víspera de votación |
| Gustavo Sáenz | Salta | $1.787 M | A su vialidad, también en ventanas |
En las votaciones correspondientes, los legisladores de estas provincias acompañaron al Gobierno “todas las veces”. Pagano ejemplifica con la Ruta 307 de Tucumán: lleva tres años de atraso y menos del 20 % de avance, pero los pagos llegan “puntuales el día de la sesión”.
Uso de los fondos y denuncia penal
La diputada sostiene que “no pagan asfalto: pagan manos levantadas”. Mientras tanto, más de $1 billón de esa caja estaría dormido en plazos fijos. Cita al economista Ravier, quien habría dicho que parte de esos impuestos “la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”. Según Pagano, esto confirma que el dinero de las rutas se usa para otras finalidades.
Por estos hechos, anunció que presentó una denuncia penal por administración fraudulenta, cohecho y malversación. Pidió cada certificado con fecha de aprobación, de pago y la firma de quien liberó los fondos. Señaló que se trata de “la misma caja de la causa Vialidad” (la de la condena firme) y que el expediente cayó en el juzgado del juez Julián Ercolini.
