Finalmente, luego de un histórico reclamo llevado a cabo por la Asociación Judicial Bonaerense, la Suprema Corte de Justicia, a través del Acuerdo 3949, dispuso la licencia laboral por violencia de género para las trabajadoras del sector. El sindicato durante años fue en sintonía con la exigencia de la reglamentación de la ley 14.893 impulsada por el movimiento feminista a partir de su sanción en el año 2016.
La acordada establece una licencia para mujeres e identidades disidentes de hasta 30 días anuales, de forma continua o alternada, y prorrogable por igual término según la gravedad de los hechos denunciados. A su vez, contempla la violencia ejercida por causa de identidad de género en los términos del artículo 2 de la ley 26.743 y consagra el respeto a los derechos laborales y a la intimidad.
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“La regulación de la licencia por violencia de género es una conquista de nuestro gremio y en especial de las compañeras que se pusieron al frente de esta lucha por más de dos años”, expresaron desde la Secretaría de Género de la AJB.
Sin embargo, cuestionaron que no se haya construido con la participación del sindicato en un ámbito paritario formal, y consideraron que “se perdió una oportunidad importante para analizar los aportes del proyecto integral de regulación de la licencia presentado por el gremio en 2017”.
Más adelante, advirtieron como problemático que “hasta tanto se ponga en funcionamiento el ‘programa’ previsto en la norma, el seguimiento de los casos de violencia de género quede a cargo de las Direcciones de Sanidad o Resolución de Conflictos”.
Entonces, la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la AJB, Débora Bertone, dijo que “no necesitamos un programa sino la creación de un órgano en el ámbito de la Corte y de la Procuración General, tanto para el seguimiento de las licencias y el abordaje integral de cada caso como para el diseño e implementación de las políticas de género en el Poder Judicial. Dicho órgano debe estar integrado por la AJB, en tanto sindicato representativo de las trabajadoras judiciales, conforme lo establece el artículo 4 de la Ley 27.499 (Ley Micaela)”.
“La intervención de un equipo interdisciplinario con trayectoria y especialidad en la materia es clave para el abordaje de cada caso, la determinación de las características de la licencia y su seguimiento. En el ámbito del Poder Judicial contamos con profesionales idóneos para integrar esos equipos, por lo cual no es aceptable que se delegue esa función a áreas de la Suprema Corte que no están capacitadas para efectuar esa tarea”, agregó.
Por último, ponen en tela de juicio que “la norma establezca un plazo fijo de prórroga para la licencia, sin tener en cuenta las necesidades propias de la especificidad de cada caso, determinadas por el equipo interdisciplinario idóneo”.
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