La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió una declaración pública para dar detalles sobre sus trabajos periciales a pedido del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la causa de espionaje y extorsión, tras las acusaciones que recayeron sobre el accionar del organismo al que compararon con el de una “CONADEP de medios”, y como respuesta el pedido de informes que el diputado del bloque de Cambiemos, Guillermo Castello, presentó en la legislatura bonaerense.
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Es que, el trabajo de la CPM, a la cual preside premio nobel de la paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, se describe con mayor precisión el trabajo en conjunto entre “algunos periodistas”, agentes de inteligencia y miembros de la justicia que funcionó durante muchos años en el país y que saltó a la luz a raíz de la extorsión que efectuó el presunto agente de la DEA, Marcelo D´Alessio y en donde también figura como principal sospechoso, el fiscal Carlos Stornelli.
En este sentido, y frente a diferentes notas publicadas en medios de comunicación y manifestaciones de funcionarios, dirigentes políticos y periodistas, acusando a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de la provincia de Buenos Aires de atentar contra la libertad de prensa, el plenario del organismo se reunió de manera extraordinaria para resolver las siguientes aclaraciones.
En primer lugar y en relación al trabajo pericial realizado por el organismo a pedido del juez federal de Dolores, la CPM informó que se entregaron cuatro informes respondiendo a los requerimientos del magistrado, “ajustados a los criterios analíticos y conceptuales que técnicamente resultan pertinentes por la naturaleza del material peritado”.
Contrariamente a las denuncias sufridas en los últimos días, remarca que “en ninguno de ellos (informes) se investigaron notas periodísticas ni sus contenidos; tampoco se realizó control ideológico de las mismas o se analizó una posible ´acción psicológica´.”
En efecto, “el corpus documental analizado ha sido exclusivamente lo aportado por el juzgado, producto del allanamiento e incautación de computadoras y teléfonos del imputado Marcelo D’Alessio. El estudio se orientó a identificar actividades de inteligencia con metodologías no permitidas o que podrían presentar en su ejecución patrones comunes desplegados por agencias de inteligencia nacionales e internacionales, en posibles connivencia o vinculación con poderes del Estado nacional y provincial. Muchas de las críticas que se formulan al accionar de la CPM es muy claro que están hechas sin haber leído los informes presentados, lo que las constituyen en poco serias, sesgadas, inexactas o mal intencionadas”, detalla la declaración.
Pero además, el escrito recuerda que un análisis pericial no asocia la información con tipos penales ni formula acusaciones: sólo describe e interpreta la documentación aportada siguiendo los requerimientos del magistrado, quien es el que debe decidir si se configura delito o no evaluando toda la prueba recolectada en la causa.
“Los periodistas mencionados en los informes entregados previamente al Juzgado Federal, así como en este cuarto informe, remiten a la aparición de sus nombres en comunicaciones telefónicas, capturas de pantalla, fotografías o mails de D’Alessio. No es verdad -como se afirma- que acusamos a periodistas de algún delito, no es esa la función del organismo. Sólo describimos y analizamos documentos”, explica.
Por último, se ven en la obligación de insistir: “no es función de la CPM -ni lo hemos hecho- auditar la producción periodística. En esta causa se investiga la comisión de delitos, y determinarlo es función exclusiva de la justicia. La garantía de las libertades remite a que los procesos judiciales se ajusten a derecho y no tenemos ningún elemento que indique que la causa D’Alessio no lo haga”.
Sin embargo, concluye que “como hemos denunciado en todos nuestros Informes sobre el sistema de la crueldad, la justicia no siempre ajusta sus procesos a derecho, convalidando causas armadas, teniendo estándares investigativos bajos contra el crimen organizado y la violencia estatal, y vulnerando el pleno acceso a la justicia de los sectores más pobres. Lamentablemente la ley no es igual para todos. Es por ello que en todas las causas en que la CPM participa -como amicus curiae, como perito, como querellante, patrocinando a víctimas o como veedores judiciales- tiene particular preocupación por promover el pleno acceso a la justicia como parte fundamental del estado de derecho”.
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