El nuevo esquema para tramitar las Licencias Nacionales de Conducir profesionales interjurisdiccionales en la provincia de Buenos Aires continúa generando polémica luego de que el costo del trámite pasara de unos $22.000 a cerca de $300.000 tras la implementación del sistema que reemplazó a la antigua Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI).
Desde el 6 de julio, quienes obtengan, renueven o amplíen las licencias profesionales de las categorías C, D y E para realizar transporte de cargas o pasajeros entre distintas provincias deben realizar parte del procedimiento ante prestadores privados habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El nuevo esquema incorporó evaluaciones psicofísicas, capacitaciones y exámenes a cargo de esos centros externos, lo que elevó considerablemente el costo del trámite.
En medio de las críticas que despertó la suba, desde el Ministerio de Transporte bonaerense rechazaron que la Provincia sea responsable del incremento y apuntaron contra el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional.
Fuentes de esa cartera indicaron a INFOCIELO que la provincia de Buenos Aires “está adherida al sistema de la Agencia Nacional de Seguridad Vial” y que las decisiones vinculadas con la desregulación, la habilitación de los prestadores y el funcionamiento del nuevo esquema “las toma Nación”.
Qué dijo la Provincia
En ese sentido, sostuvieron que la Provincia “no tiene nada que ver con la definición de los valores” que cobran los prestadores privados y remarcaron que el esquema vigente responde al criterio de libre competencia impulsado por el Gobierno nacional, por el cual cada centro habilitado fija el precio de sus servicios.
Las mismas fuentes insistieron en que la administración bonaerense se limitó a adherir al sistema nacional para la emisión de las licencias profesionales interjurisdiccionales y señalaron que las críticas deberían dirigirse hacia las modificaciones implementadas por la Nación tras la eliminación de la LINTI.
La controversia se produjo luego de que trascendiera que el trámite, que hasta hace pocas semanas podía realizarse íntegramente en los municipios por alrededor de $22.000, ahora demanda el pago de aproximadamente $294.000 entre las distintas instancias obligatorias previstas por el nuevo régimen.
Mientras continúa el cruce político por la implementación del sistema, desde el Ministerio de Transporte bonaerense anticiparon a INFOCIELO que en las próximas horas el Gobierno provincial difundirá un comunicado oficial con mayores precisiones sobre el funcionamiento del nuevo esquema y su posición frente a las críticas surgidas por el incremento de los costos.
El comunicado oficial del Ministerio
Horas después de las averiguaciones realizadas por INFOCIELO, el Ministerio de Transporte bonaerense difundió un comunicado en el que ratificó que la Provincia “no definió las condiciones para la obtención y renovación de estas licencias”, sino que el nuevo régimen deriva de “las modificaciones introducidas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 196/2025 y de la reglamentación dictada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)”.
La cartera que conduce Martín Marinucci recordó que la provincia de Buenos Aires integra el Sistema Nacional de Licencias de Conducir desde 2010 y que, en ese marco, únicamente ejerce las funciones que el Estado nacional le delegó para emitir las licencias profesionales interjurisdiccionales.
Además, explicó que fue el Gobierno nacional el que dispuso que las evaluaciones psicofísicas, las capacitaciones y los exámenes teórico-prácticos sean realizados exclusivamente por prestadores privados habilitados por la ANSV y remarcó que el nuevo esquema “no establece una tarifa nacional de referencia”, por lo que “los valores son fijados y percibidos directamente por cada prestador habilitado, sin intervención económica de la Provincia ni de los Centros de Emisión de Licencias de Conducir municipales”.
En ese sentido, el Ministerio sostuvo que “resulta incorrecto atribuir al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decisiones vinculadas con los requisitos, el esquema de prestadores o los costos de estas evaluaciones”, al considerar que esos aspectos “son definidos por la normativa nacional y por la autoridad nacional competente”.
Asimismo, el Gobierno bonaerense defendió la prórroga excepcional de 60 días para los vencimientos de las licencias profesionales alcanzadas por el nuevo régimen, al señalar que fue adoptada ante “la limitada oferta de prestadores habilitados en distintas regiones de la provincia”, con el objetivo de que los trabajadores puedan completar los nuevos requisitos sin perder la posibilidad de seguir desempeñando su actividad.
El comunicado concluye con una crítica al esquema implementado por la Nación al advertir que deja a los conductores profesionales “sujetos a un mercado de prestadores privados sin una tarifa de referencia establecida por el Estado Nacional”, una situación que, según la cartera bonaerense, puede generar fuertes diferencias de costos y dificultar el acceso al trámite.
