Durante casi veinte años, el municipio de Pergamino reunió contratos, pliegos licitatorios, respuestas de organismos nacionales, planos y documentación técnica para demostrar que cuatro obras obligatorias sobre la Ruta Nacional 188 nunca fueron ejecutadas.
Ese archivo, construido a lo largo de sucesivas concesiones viales, será ahora la base de una presentación judicial en la megacausa “Cuadernos” con un objetivo inédito: que los bienes recuperados en la investigación por corrupción se destinen a completar las obras pendientes.
La iniciativa es impulsada por el Honorable Concejo Deliberante de la localidad, a través de una resolución presentada por su presidenta, Gabriela Taruselli, que declara al municipio que lidera el intendente Javier Martínez como damnificado directo y encomienda al Ejecutivo presentarse en la causa penal una vez finalizada la feria judicial.
“Si robaron una obra y se llega a una condena, la afectación tiene que ser para la devolución de esa obra”, resumió Taruselli en diálogo con Infocielo. “Nuestra función no es condenar ni juzgar. Eso le corresponde a la Justicia. Lo que queremos es que, si hubo corrupción y existen bienes recuperados, tengan una finalidad restaurativa del daño ocasionado”, explicó.
Veinte años de expedientes y cuatro obras que nunca se hicieron
El reclamo de Pergamino comenzó mucho antes de que estallara la causa Cuadernos. Según reconstruyó Taruselli, las primeras gestiones se remontan a 2007, cuando el municipio advirtió que una serie de obras comprometidas para la travesía de la Ruta Nacional 188 no avanzaban pese a estar previstas en los contratos de concesión.
La mayor parte de la documentación corresponde a la concesión del Corredor Vial 2 adjudicada entre 2010 y 2016 a la UTE integrada por CIPSA, ESUCO S.A. y Contreras Hermanos. El pliego establecía cuatro obras obligatorias que debían comenzar durante el primer año de concesión y concluir entre los seis y doce meses posteriores.
Entre ellas figuraban la rectificación e iluminación de curvas peligrosas, una dársena de giro sobre la Ruta Provincial 32 y un sistema de rotondas en uno de los accesos más conflictivos de Pergamino, donde confluyen las rutas nacionales 8 y 188, la circunvalación, el parque industrial y una escuela
“Nada hicieron”, respondió Taruselli cuando se le consultó si alguna de esas intervenciones había quedado inconclusa.
“Tenemos el contrato de concesión, los pliegos técnicos, las firmas de Vialidad Nacional, del OCCOVI y del concesionario. Tenemos los planos, los kilómetros donde debía hacerse cada obra y los montos previstos. La única realidad es que el riesgo sigue estando porque ninguna de las cuatro obras se ejecutó”, afirmó.
La dirigente recordó que entre 2013 y 2016 el municipio presentó reiterados reclamos ante el entonces Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), que incluso respondió por escrito que esas obras debían realizarse. Sin embargo, nunca hubo respuestas efectivas ni sanciones por los incumplimientos.
“No sólo teníamos monto de obra para cada una de ellas; también estaban previstos los aumentos de peaje. Nosotros pagamos ese peaje y las obras nunca se ejecutaron. En algún lado tiene que estar la explicación de dónde fue ese dinero”, sostuvo.
El puente con la causa Cuadernos
El vínculo con la causa Cuadernos apareció cuando el municipio cruzó la documentación reunida durante todos estos años con los nombres de los empresarios investigados.
El punto de contacto tiene nombre y apellido: Carlos Wagner. Además de ser uno de los principales directivos de ESUCO S.A., la empresa que encabezaba la UTE concesionaria del Corredor Vial 2 y firmó los contratos de las obras previstas para Pergamino, Wagner fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y uno de los empresarios más relevantes involucrados en la causa Cuadernos.
En 2018 se acogió a la figura del imputado arrepentido y declaró ante la Justicia haber desempeñado un rol central, desde la Cámara Argentina de la Construcción, en un presunto sistema de pago de retornos entre empresas constructoras y funcionarios nacionales para acceder a contratos de obra pública. Si bien posteriormente intentó dejar sin efecto esa confesión al denunciar que había sido obtenida bajo coerción, la Corte Suprema rechazó ese planteo.
“Tenemos un testigo involucrado directamente en nuestras obras. Nosotros no sabemos si esa es la explicación de por qué las obras no se hicieron; eso lo determinará la Justicia. Pero quien firmó esos contratos explicó cuál era la modalidad bajo la cual funcionaba ese sistema”, señaló Taruselli.
La denominada causa Cuadernos investiga un presunto esquema de corrupción en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.
El expediente, iniciado a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, involucra a decenas de exfuncionarios y empresarios, entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido, su exsecretario Roberto Baratta, el exsecretario de Obras Públicas José López, el ex titular del OCCOVI Claudio Uberti y el propio Wagner.
Un planteo que apunta a la reparación del daño
La presentación judicial que impulsa Pergamino no busca intervenir en las responsabilidades penales de la causa sino reclamar que el municipio sea reconocido como damnificado directo y que, si existen decomisos o embargos derivados de una eventual condena, esos recursos sean destinados específicamente a ejecutar las obras pendientes sobre la Ruta Nacional 188.
“Nosotros no queremos que ese dinero venga al municipio. Lo que pedimos es que, si la Justicia determina que hubo corrupción y recupera esos bienes, disponga que Vialidad Nacional los destine a terminar las obras que nunca se hicieron”, explicó Taruselli.
La concejala recordó que ya existen antecedentes en otras materias. “En causas vinculadas al narcotráfico ya se utiliza esta figura para que los bienes decomisados tengan una finalidad específica. Nosotros creemos que lo mismo debería ocurrir con los bienes recuperados por hechos de corrupción: que sirvan para reparar el daño que esa corrupción produjo”, explicó.
En ese sentido, el municipio solicitará que, en caso de concretarse decomisos o ejecutarse los embargos preventivos que tramitan en la causa Cuadernos, esos recursos no ingresen al patrimonio general del Estado a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), sino que la propia Justicia disponga su afectación para financiar las obras pendientes sobre la Ruta Nacional 188 mediante Vialidad Nacional.
La resolución aprobada por el Concejo Deliberante también fue remitida a otros municipios atravesados por el Corredor Vial 2 con la intención de construir una estrategia conjunta.
“Ya hablamos con otros municipios porque nosotros tenemos documentadas todas las obras previstas para el corredor. Vamos a compartir esa información para que evalúen si también fueron perjudicados y pueden sumarse a la presentación”, adelantó.
Si esa estrategia prospera, el planteo de Pergamino podría convertirse en el primer intento de varios municipios de reclamar que los bienes recuperados en una causa de corrupción tengan un destino específico: reparar, con las obras que nunca se ejecutaron, el daño ocasionado por los hechos que investiga la Justicia.
