El conflicto entre empresarios, representantes sindicales y trabajadores en la fábrica de productos de papelería Lustramax apunta a convertirse en un caso sintomático de las discusiones que se avecinan en torno al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei en el Congreso.
El despido de unos treinta trabajadores y un pedido de proceso de crisis preventivo que afronta la empresa aceleró una pelea en la que se inmiscuyeron dirigentes de la política nacional que son actores protagónicos en el debate laboral que se avecina.
Los trabajadores son respaldados por diputados de la Izquierda como Myriam Bregman y Nicolás del Caño mientras que los empresarios cuentan con la asesoría de la senadora libertaria Florencia Arietto, una de las dirigentes detrás del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo y cercana a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Un conflicto que recrudece en medio de acusaciones cruzadas
Tras los encontronazos del miércoles entre los dirigentes a raíz de la toma de un grupo de empleados, la tensión escaló este jueves con la inusual presencia de Gendarmería nacional en inmediaciones a la planta de Tortuguitas.
“Sin jurisdicción y sin mostrar orden se entrometen para intimidar a los trabajadores” denunciaron los manifestantes.
Los empleados denuncian que la empresa incumplió la conciliación obligatoria y respondió con un “lockout” al decretar un cese de actividades.
Sostienen que hace tres meses que la firma retiene el dinero que los trabajadores aportan para su obra social, que no pudo iniciar el proceso de crisis preventivo por falta de documentación respaldatoria y que lanzó despidos arbitrarios, entre ellos de delegados.
Los trabajadores apuntan al asesoramiento jurídico-legal de la senadora Florencia Arietto, y afirman que está “llevando a esta empresa a una situación legal cada vez más complicada. Pese a eso, serán los propios dueños quienes en definitiva deberán rendir cuentas por estos hechos” dijeron.
En tanto, los empresarios decidieron pegar un cartel en la puerta del establecimiento para denunciar una “usurpación” de la planta.
Ezequiel Sosa, dueño de la compañía, aseguró que la planta “está tomada por un grupo político” y que los despidos responden a una necesidad de “reordenamiento interno” dentro del marco legal que los ampara.
“Bloquear es delito. Hicimos todo lo que la ley establece pero estamos desamparados” concluye el cartel ubicado en el ingreso a la fábrica.
