A tres años del hecho que conmocionó al país, un informe elaborado por expertos de tres países abonó nuevamente la teoría de que Santiago Maldonado fue víctima de una desaparición forzada en manos del Estado y le pidió al gobierno de Alberto Fernández llevar a cabo con urgencia una “investigación independiente” para hacer justicia por el joven de 28 años.
Después que el Estado argentino ofreciera una “solución amistosa” ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) respecto a la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, la familia del joven presentó el informe que elaboró el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEEI) de Chile, Colombia y México. Se trata de la primera revisión de la causa por fuera del sistema judicial argentino, que desde hace más de un año mantiene paralizada la investigación.
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El extenso documento –que tuvo en cuenta el contexto de reclamo mapuche en donde Santiago se encontraba apoyando en solidaridad y otras variantes respecto al estado de Derecho de las comunidades originarias del país- determinó numerosas irregularidades sobre el caso y además reforzó la idea de que la Gendarmería Nacional y el gobierno de Mauricio Macri incurrieron en el delito de “encubrimiento”.
En síntesis, el grupo de expertos y expertas considera que el hecho de que el cuerpo de Maldonado haya aparecido no “descarta” la posibilidad de que el joven artesano y anarquista fuera una “víctima de desaparición forzada”.
“El GIEEI, basado en los instrumentos internacionales citados en este informe, asume que la presunción de desaparición forzada aún no se ha descartado y por ello así se refiere al caso del señor Maldonado. La desaparición forzada de Santiago Maldonado ocurrió en un contexto de conflicto socio territorial histórico caracterizado por la negación de los derechos de pueblos indígenas en Argentina”, puntualiza el informe al cual accedió INFOCIELO.
Al mismo tiempo, el estudio pone en consideración la “presencia solidaria” de Maldonado en aquel 1 de agosto de 2017, cuando la Gendarmería nacional irrumpió ilegalmente en el territorio mapuche Pu Lof, ubicado en la zona de Cushamen, de la provincia de Chubut.
El grupo de especialistas de los tres países convocados por la familia del joven, puso en relevancia el hecho que el Estado argentino “carece de una legislación adecuada para prevenir, reconocer, registrar, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales posteriores a 1983”. Así mismo, el informe enfatiza que “se evidencia la ausencia de legislación adecuada para el trámite idóneo de los conflictos territoriales indígenas y protocolos específicos relacionados con protección y garantía de derechos a defensoras y defensores”.
EL CUERPO, ¿FUE PLANTADO?
Uno de los puntos centrales de la investigación que llevó a cabo el GIEEI es que la búsqueda de Santiago se realizó con demora y sin un abordaje que pusiera en contexto la participación violenta de la Gendarmería. En esa línea, el grupo de expertos se animó a concluir que el cuerpo hallado a la vera del Río Chubut, difícilmente haya podido permanecer 77 días sin haber sido encontrado antes.
“La información revisada del expediente no permite establecer hipótesis razonables que expliquen por qué a pesar de las labores de rastrillaje realizadas en el río Chubut y sus áreas circundantes, el cuerpo fue hallado río arriba 77 días después de la desaparición. Esta situación genera un manto de duda sobre las demás acciones realizadas en el proceso de investigación, especialmente sobre las conclusiones reportadas por la Junta de Peritos en relación con el análisis postmortem del cuerpo”, describe el informe.
De la misma forma, consideraron que “la ausencia de información sobre lesiones en el cadáver no puede interpretarse como una inexistencia de hechos de violencia alrededor de la muerte”, es decir, que no toman como única verdad el hecho que Maldonado haya muerto ahogado, sin ningún tipo de participación externa.
“El hallazgo e identificación del Sr. Maldonado y el establecimiento de su causa de muerte sólo da cuenta parcial de lo acaecido con la víctima”, destacan.
Por todo esto, el grupo de expertos y expertas le recomienda al Estado argentino “desarrollar una investigación imparcial por la desaparición y muerte de Santiago Andrés Maldonado bajo los estándares internacionales a los que se encuentra obligada la República de Argentina, realizando todas las acciones necesarias para obtener información adicional que permita esclarecer las circunstancias precisas que precedieron al hallazgo de su cuerpo, superando los vacíos de la investigación existentes descritos en este informe”.
Vale aclarar que las conclusiones del informe fueron presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de la demanda iniciada por la denuncia de la familia.
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