Un fallo judicial puso en pausa la reconfiguración de los programas sociales impulsada por el Gobierno nacional y obligó a sostener, al menos de manera transitoria, el esquema vigente de asistencia económica. La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal de Campana, que ordenó mantener los pagos correspondientes al programa Volver al Trabajo y frenó su reemplazo previsto para el mes de mayo.
La medida judicial establece que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, deberá garantizar la continuidad de las prestaciones económicas en un plazo de tres días desde la notificación. De esta manera, cerca de 900.000 beneficiarios seguirán percibiendo el ingreso mensual de $78.000, en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de las políticas de asistencia.
El conflicto se originó a partir de la decisión del gobierno de Javier Milei de discontinuar el programa Volver al Trabajo y sustituirlo por una nueva iniciativa denominada “Formando Capital Humano”. Esta transformación fue oficializada a través de la Resolución 295/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde se detallaron los lineamientos del nuevo esquema orientado a la capacitación laboral.
A diferencia del programa vigente, la nueva propuesta no contempla el pago de una prestación mensual, sino que se centra en la formación a través de más de 4.300 cursos disponibles. El traspaso de los beneficiarios estaba previsto de manera automática, lo que implicaba el fin del ingreso económico directo y un cambio en el enfoque de la política social hacia la capacitación sin asistencia monetaria.
Qué es Volver al Trabajo
Volver al Trabajo había sido implementado como reemplazo del Potenciar Trabajo y estaba destinado a personas de entre 18 y 59 años en edad laboral. Su objetivo principal era mejorar las condiciones de empleabilidad mediante una combinación de formación, prácticas laborales y apoyo a emprendimientos productivos, con una asignación mensual como respaldo económico durante ese proceso.
La intervención judicial no implica una resolución definitiva sobre el futuro del programa, pero sí suspende cualquier modificación hasta que se analice el fondo de la cuestión. En este escenario, el Gobierno deberá redefinir su estrategia en materia de asistencia social, mientras se mantiene la expectativa sobre cómo continuará la política pública destinada a este amplio universo de beneficiarios.
