Las exclusiones propuestas en el proyecto de la senadora del FdT, Agustina Propato, regirán también para la contratación de obra pública que se disponga en el marco de las distintas emergencias que rigen en la provincia.
El proyecto de ley tiene el propósito de modificar la ley provincial 6.021 o ley de Obra Pública, especificamete, la redacción del artículo 15° de esa normativa, que es el que establece las condiciones que deberán cumplir los concurrentes a las licitaciones públicas o privadas.
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La iniciativa plantea la necesidad de incorporar dos párrafos a dicho artículo.
Por un lado, se establece que “no serán admitidas en el Registro de Licitadores las personas físicas o jurídicas, que en el marco de una emergencia dispuesta por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial o sancionada legislativamente, no cumplieren con lo allí establecido o realizaran conductas tendientes a generar la suspensión o extinción de relaciones laborales sin justa causa, por falta o disminución de trabajo y/o invocando fuerza mayor”.
Por otro, que “la Comisión de clasificación del Registro de Licitadores deberá evaluar sin excepción el cumplimiento de este requisito antes de expedirse respecto a la inscripción, clasificación, calificación, capacitaciones y permanencia en el registro de las empresas.”
La modificación propuesta para la ley 6.021 regirá también para los presupuestos de contratación de obra pública que se dispongan en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno provincial y las emergencias en materia social, económica, productiva y energética, en materia de seguridad y política y salud penitenciaria, en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos y en materia administrativa y tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, establecidas todas ellas por diversas leyes hoy vigentes.
En los fundamentos del proyecto, Propato remarca que “la crisis económica que experimentaban el país y la provincia luego de los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y que había conducido a las administraciones de Alberto Fernández y de Axel Kicillof a declarar diversas emergencias, se vio agravada por la aparición de la pandemia de COVID-19”.
Fue en ese marco que el gobierno nacional “debió decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo que, lógicamente, tiene un impacto directo sobre la actividad económica del país”.
Consciente de ello, “fue el mismo gobierno el que estableció una serie de medidas para ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia”, según resalta el pareja del actual ministro de seguridad de provincial de Buenos Aires, Sergio Berni.
En la misma línea, la senadora subraya que “la situación excepcional” que se está atravesando conlleva “la necesidad de adoptar medidas que aseguren a los trabajadores y a las trabajadoras que no perderán sus puestos de trabajo, cuestión que el Gobierno nacional garantizó a través del Decreto Nº 329/20, que prohíbe los despidos por el plazo de sesenta días”.
No obstante lo cual, denuncia Propato, es de público conocimiento que “empresas importantes -siendo Techint en caso de mayor resonancia- han realizado despidos unilaterales, infundados o por razones meramente especulativas, violentando así los principios de protección del trabajador que rigen en nuestra legislación nacional y dejando en el peor desamparo a miles de familias”.
En base a todo lo anterior, la autora del proyecto resalta la importancia de que “el Estado provincial evalúe entre las condiciones de las empresas” con las que se habrá de contratar en futuras licitaciones para obras públicas que “las mismas no hayan incurrido en conductas violatorias de las medidas dictaminadas en el marco de una emergencia pública como la que rigen en este difícil momento”.
Por el contrario, indica Propato, es imperioso “poner en valor la necesidad de trabajar mancomunadamente respetando la legislación de protección a los trabajadores que se ha decidido priorizar”.
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