La decisión de Axel Kicillof de avanzar con el llamado a una nueva licitación del elevador para la carga de granos en la Terminal del Puerto Quequén abrió un nuevo foco de conflicto con entidades rurales y destapó tensiones entre los propios actores de la cadena comercial.
Es que la medida pondrá fin al sistema de prórrogas precarias utilizado desde hace tres años, desde que se venció la última concesión a treinta años y abrirá un nuevo contrato por otras tres décadas.
Aún de manera informal, la operatoria continúa en manos de la “Terminal Quequén”, una sociedad anónima compuesta por ocho grupos que se reparten el paquete accionario entre agroexportadoras, entidades intermedias como productores y la Bolsa de Cereales (la empresa ya habría manifestado su voluntad de volver a presentarse)
En tanto, y por los seguros de caución muy altos se espera que la competencia esté centrada entre actores del rubro y no por medio de fondos de inversión: “no puede entrar cualquiera a jugar porque tiene que provenir del sector” admitió una fuente cercana a las discusiones.
Según pudo saber INFOCIELO, las nuevas características de la licitación se centran en la adaptación a la normativa internacional dado que el actual marco regulatorio está basado en el modelo puerto de barranqueras (mueve 200 mil toneladas al año frente a Quequén que mueve 2,5 millones de toneladas por año).
Cuestionamientos del campo hacia Axel Kicillof y la pelea por la licitación
Días atrás, el ministro de Gobierno Carlos Bianco visitó Necochea y anunció la decisión de la provincia de avanzar con el pliego licitatorio. Lo hizo acompañado por la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López.
En ese marco, el funcionario provincial anticipó una cláusula de reserva de carga para la provincia de Buenos Aires que fue un pedido expreso del gobernador” dijo.
La posibilidad despertó fuertes cuestionamientos de las entidades rurales del sudeste hacia el mandatario bonaerense. En especial, por su presunta intención de “entrometerse en la cadena” y por activar una reserva de carga. Para las organizaciones del campo, el cupo equivale a la restauración de una “Junta Provincial de Granos”
Sin embargo, fuentes provinciales indicaron a Infocielo que el pedido de reserva del 30% de la operación para la provincia “no es una reserva ociosa” y que simplemente se trata de contemplar una posibilidad. “Nunca se habló de una junta provincial de granos” aseguraron.
También rechazaron de plano la afirmación de la posibilidad de una “licitación exprés” como plantearon las rurales dado que “se trabaja a calendario y las cargas no se pueden hacer de un día para el otro” indicaron.
Una silenciosa puja entre el campo y agroexportadoras como telón de fondo
Analistas del sector que siguen las discusiones advirtieren que detrás de la exposición pública y las críticas hacia Axel Kicillof existe otra pelea silenciosa: la discusión económica entre exportadores y las entidades intermedias.
“Es un sector muy complejo y hay una pelea por los márgenes de ganancias” advierten.
En especial, remarcan que algunos exportadores “consideran que los intermediarios se llevan un porcentaje elevado de las ganancias” observan.
Por lo pronto y más allá de las discusiones mediáticas, el nuevo marco regulatorio comenzará a definirse en el seno de las reuniones del directorio del Consorcio donde están representados productores, instituciones intermedias, agroexportadores y el Estado.
En ese contexto, se prevé que en los próximos días se desarrolle una asamblea extraordinaria para debatir sobre las generalidades del pliego.
