Gonzalo Mórtola, el Interventor de la Administración General de Puertos durante la gestión de Mauricio Macri, fue procesado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que lo acusa de haber contratado de manera directa una consultora por un monto cercano al millón de dólares sin fundamentos. La acusación es por incumplimiento de deberes de funcionario público, con penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero podría ampliarse a Fraude al Estado –con penas de hasta seis años de prisión efectiva-.
Ahijado político de José Torello, compañero de colegio del Cardenal Newman del ex presidente, Mortola llegó a la AGP prometiendo “combatir a las mafias”. Sin embargo, fue procesado por la Justicia, por haber pruebas suficientes que confirman sobre el pago de más de 940 mil dólares (más impuestos) a la empresa INDRA, que fue contratada de manera ilegal para realizar una consultoría sobre pliegos para una futura licitación del Puerto.
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En su fallo judicial, el magistrado consideró que el ex funcionario de Guillermo Dietrich “simuló circunstancias en el expediente, que le otorgaron aparente legalidad a su accionar, que de no haber sido por la denuncia formulada en autos, probablemente no habría sido cuestionado”. Es decir, que disfrazó de legal algo que sabía que no lo era. Por si no quedara claro, agrega: “todo demuestra que el accionar delictivo que aquí se le endilga, fue llevado a cabo por el nombrado con la voluntad y el conocimiento de la ilicitud de la conducta”.
Contratación directa y asesores dudosos
A pesar de contar con personal idóneo en la misma Administración General de Puertos, Mortola optó por contratar irregularmente a una consultora para realizar los pliegos de licitación para las terminales del Puerto Buenos Aires.
El reglamento de contrataciones de la AGP establecía la necesidad de una licitación. Sin embargo, se encaró en septiembre de 2016 una contratación directa por US$ 772.483, superando ampliamente el límite establecido. Posteriormente se ampliaría el monto, para llegar a 940.508 dólares, más impuestos.
Buscando justificar la decisión, Mortola además contrató a dos “asesores externos”, quienes acercaron una recomendación de contratar a INDRA sin ningún tipo de justificación técnica o legal. Los asesores, que también están imputados en la causa, presentaron un “Informe Tecnico” de solo 2 carillas, sin ningún tipo de fundamento ni documental de sus afirmaciones. Sin embargo, basado en ese informe elaborado por los asesores que luego fueron incorporados al staff permanente de gestión, Mortola resolvió avanzar en la contratación irregular. Así se cerraba el círculo para disfrazar de legalidad algo a todas luces fuera de la norma.
Durante la investigación se demostró que la AGP estaba capacitada para formular pliegos de licitación –de hecho, ya lo habían hecho y los tuvieron que hacer cuando los trabajos de INDRA no fueron terminados-, que existen una gran cantidad de empresas, consultoras y universidades públicas con la capacidad técnica de realizar la misma asesoría por la que se contrató directamente a INDRA argumentando su especialidad.
Según evaluó el juez la consultora, “fue elegida, al menos arbitrariamente, es decir sin el menor fundamento legal o de conveniencia, para hacerse de una contratación, a la que accedió de modo directo, eludiendo una licitación pública, evitando la confrontación con otros oferentes, en virtud de la actuación irregular del entonces interventor de la Administración General de Puertos, Gonzalo Morotola, quien violó de este modo los deberes a su cargo. La actuación del nombrado Mortola, en este caso en particular, resulta absolutamente cuestionable desde el punto de vista de legalidad, obró de un modo abusivo respecto de las funciones que le fueron encomendadas”.
La denuncia en su contra se realizó en el 2018, cuando Cambiemos todavía estaba en el poder. La maniobra fue tan burda que ese mismo año fue imputado en la causa. Pese a los reiterados llamados, el ex interventor de la AGP esquivó dar respuestas en Tribunales en dos ocasiones. Ante la amenaza de usar la fuerza pública, se presentó en el juzgado, pero se negó a declarar y responder preguntas.
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