El diputado nacional Sebastián Galmarini, referente del Frente Renovador, presentó un ambicioso proyecto de “Ley de Integridad y Ética Pública”. La iniciativa surge como una respuesta a la “insuficiencia” del marco normativo vigente frente a los desafíos de la era digital y la necesidad de una mayor independencia en los organismos de control.
El proyecto, que ya fue presentado en el plenario de comisiones para contraponerlo a la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, busca establecer un Sistema Nacional de Integridad que alcance de manera transversal a los tres poderes del Estado y al Ministerio Público.
Un cambio de paradigma: del control ejecutivo a la autonomía legislativa
La innovación central de la propuesta es la creación del Instituto Nacional de Integridad y Ética Pública. Este nuevo organismo sería autónomo y autárquico, funcionando bajo la órbita del Honorable Congreso de la Nación, y vendría a reemplazar y absorber a la actual Oficina Anticorrupción (OA).
Para garantizar su independencia, el proyecto estipula que el Directorio del Instituto esté integrado por tres miembros, de los cuales dos pertenecerían a los principales partidos de la oposición (uno por la Cámara de Diputados y otro por el Senado) y solo uno por el Poder Ejecutivo.
Sus mandatos serían de ocho años, caducando automáticamente si la fuerza política que los propuso llega al gobierno o lo pierde, asegurando así que el organismo siempre mantenga una tensión democrática de control entre oficialismo y oposición.
Puntos clave del proyecto
Para facilitar la comprensión de esta extensa normativa, estos son los pilares fundamentales que propone Galmarini:
- Alcance total: El sistema regirá para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público.
- Declaraciones Juradas en la era digital: Se actualiza el contenido de las presentaciones patrimoniales obligatorias, incluyendo por primera vez de forma explícita criptoactivos, monedas digitales y billeteras virtuales.
- Lucha contra el nepotismo: Prohíbe de forma estricta la designación de cónyuges, convivientes o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad en la jurisdicción donde el funcionario cumple funciones, incluyendo las “designaciones recíprocas” entre distintas reparticiones.
- Freno a las “puertas giratorias”: Establece limitaciones de entre uno y tres años para que exfuncionarios puedan trabajar en empresas privadas relacionadas con sus competencias previas o participar en licitaciones donde tuvieron intervención decisiva.
- Registro de Lobby: Obliga a registrar todas las audiencias de gestión de intereses (presenciales o virtuales) destinadas a influir en decisiones estatales, garantizando que el registro sea público y gratuito.
- Transparencia en contrataciones: Los proveedores y contratistas del Estado deberán presentar su propia “Declaración Jurada de Intereses” para detectar vínculos con funcionarios antes de concretar un negocio con el sector público.
Los fundamentos de la urgencia
En los fundamentos del proyecto, Galmarini advierte sobre el deterioro de Argentina en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, donde el país obtuvo apenas 36 puntos sobre 100 en 2025, su peor registro en casi una décadaLa propuesta utiliza como ejemplos casos de la gestión actual para demostrar la “insuficiencia del régimen vigente”. Entre ellos, menciona las investigaciones sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete y, particularmente, el caso $LIBRA, donde el presidente Javier Milei promocionó una criptomoneda desde su cuenta personal.
Según el proyecto, este tipo de situaciones evidencia que la ley actual no tiene herramientas para gestionar la frontera difusa entre lo institucional y lo personal en redes sociales, ni para regular los nuevos activos digitales. Finalmente, el diputado destaca que este texto es fruto de un proceso de construcción colectiva, recogiendo observaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil y expertos académicos tras procesos de elaboración participativa realizados en años anteriores
