El acuerdo con el Fondo Monetario ya se firmó y según los registros, representa uno de los más grandes que hayan surgido en su historia, por más de 50 mil millones de dólares. A pesar de eso y según los cálculos, ocho de cada diez dólares sirvieron para evitar una nueva fuga de divisas, así como para contener el precio del dólar. Casi nada para fomentar la producción y financiar obras fundamentales.
Ahora, una investigación puso el acento a las irregularidades que se dieron al momento en que el gobierno nacional decidió acordar con el organismo internacional y todo indica que de mínimo, el mismo se salteó varios pasos y leyes.
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Según lo publicado recientemente por el portal El Cohete a la Luna, el acuerdo violó la ley 24.156 que en principio, establece que el Congreso Nacional es el que puede decidir acerca de un endeudamiento como el que tomó la Argentina.
Además, no existió decreto ni dictamen del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos. En resumen, el artículo 60 de la ley citada establece que “no se podrá formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica”.
Es decir, una operación del tamaño que representó el acuerdo con el FMI debió haber pasado sin excepción por el Congreso para que se disponga de una ley que pueda autorizar a la administración nacional la toma de una deuda que modificaría sustancialmente en el presupuesto estimado para ese año.
Es cierto que este tipo de acuerdos históricamente han sido tomados de forma unilateral por el Ejecutivo, pero eso no desconoce que esta vez se haya hecho por encima de varias normas y con la reprobación de la mayoría de la población y la oposición política.
A esto se le suma que recientemente el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, alertó por “presuntas violaciones del Acta Constitutiva del FMI” que apuntaban al incumplimiento del propósito de “reducir la deuda y la inflación, recuperar el crecimiento, generar empleo y combatir la pobreza” y a las condiciones de debilidad institucional bajo las cuales se rubricó el acuerdo.
LAS DENUNCIAS A MACRI Y LAGARDE
Según lo analizado por el periodista Horacio Vertbisky, existen “responsabilidades penales” para funcionarios del Estado, como el presidente Macri, y también para los directores del FMI: Christine Lagarde y Alejandro Werner, encargado del área del Hemisferio Occidental del Fondo.
De hecho, el dirigente social Juan Grabois ya había presentado una denuncia penal contra el presidente y la exdirectora del FMI. Para Grabois, el dinero del último préstamo fue utilizado expresamente con “fines electorales”, así como también catalogó de una “asociación ilícita” a todo el proceso de endeudamiento del país.
“Los ladrones de guante blanco se afanaron u$s 13.000 millones que vamos a tener que pagar los argentinos. Son parte de la deuda contraída con el FMI y que se destinó a financiar la campaña electoral, creando una bomba económica para estabilizar el dólar hasta después de las elecciones”, expresó entonces Grabois.
La denuncia también fue radicada en contra del ahora ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne conforme a los artículos 174 inciso 5º, 210 y 248 del Código Penal.
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