Con su jefe de Gabinete acorralado por la Justicia y tras la polémica por el pliego de María Verónica Michelli, el presidente de la Nación, Javier Milei, firmó un decreto para modificar el trámite de selección de jueces. Los cambios aplican a la Corte Suprema, a la Procuración General y a la Defensoría. Qué dice la letra chica.
Antes de las resoluciones, la norma publicada en el Boletín Oficial de este martes explica que el procedimiento actual para preseleccionar magistrados tiene etapas administrativas que “guardan similitud con las que, luego, se cumplen en el proceso que se desarrolla en la órbita del Senado de la Nación“.
“La duplicación de las instancias aludidas no solo ralentiza el proceso de cobertura de vacantes, sino que la introducción en sede administrativa de mecanismos que ya se encuentran previstos y se cumplen en la etapa de tratamiento de la solicitud de acuerdo ante el Senado desnaturaliza la etapa de nominación presidencial”, dice.
En este sentido, la administración libertaria considera “imperativo” eliminar “trámites innecesarios y etapas duplicadas”. Su intención, según el decreto, es “agilizar la cobertura de las respectivas vacantes”. Sin embargo, lo que se desprende de la norma es que el Poder Ejecutivo le pasa la responsabilidad de evaluar los candidatos a jueces al Senado.
Cómo queda el trámite para preseleccionar jueces de la Corte Suprema
El Decreto 467/26 firmado por el presidente Milei y por su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, modifica 5 artículos del Decreto 222/03 y otros 5 del 588/03 que es el que abarca a otros funcionarios del Poder Judicial.
En rigor, las novedades más importantes parecen estar vinculada a los plazos que la normativa del 2003 no especificaba. Desde ahora, quienes queden como candidatos tienen 5 días para presentar su declaración jurada patrimonial. Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control (ARCA) tiene otros 5 días para elaborar un informe sobre las obligaciones impositivas y previsionales del candidato en cuestión.
De esta manera, en poco más de 40 días, el presidente de la Nación debería tener a su disposición todos los expedientes listos para elevar al Senado, donde serán sometidos a un proceso de revisión.
