La fiscal federal Paloma Ochoa presentó un dictamen ante la jueza María Servini para que le amplíe la declaración indagatoria al actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel. El dirigente PRO cercano a Patricia Bullrich había sido procesado por una medida que tomó en 2018 siendo secretario de Energía de la Nación, pero fue beneficiado con la “falta de mérito”.
Ochoa realizó el pedido tras detectar que al momento de dictar la resolución cuestionada era tenedor de acciones de YPF S.A., controlante a su vez de Metrogas S.A., por lo que debió haberse abstenido de hacerlo. Para la fiscalía, las decisiones y acciones adoptadas por Iguacel “evidenciaron su interés directo en beneficiar a las empresas distribuidoras de gas, garantizando un ingreso económico extraordinario y fraudulento en perjuicio de usuarios-consumidores y del propio Estado Nacional”.
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La medida que se investiga es la Resolución 20 dictada en octubre de 2018 que establecía que “en forma transitoria y extraordinaria” el Enargas instruiría a las prestadoras del servicio de distribución de gas al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019″. Concretamente, obligaba a los usuarios a compensar a las empresas de gas por los efectos de la devaluación. En aquel entonces, según Corroboró la fiscalía, Iguacel tenía acciones clase D de YPF.
En el dictamen de cuatro páginas, la fiscal sostuvo que Iguacel “decidió deliberadamente violar los deberes y obligaciones” que le correspondían como secretario de Energía dado que tenía en su poder acciones de una empresa que se vería beneficiada con la decisión. En marzo de 2021, el actual jefe comunal se presentó ante Servini para su declaración indagatoria y pidió ser sobreseído. En su defensa, aseguró que el único responsable de fijar el cuadro tarifario era el Enargas, y dijo que no dictó una resolución que disponía “el traslado de mayores costos de tarifas a los usuarios”.
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