El grave accidente que dejó a un niño de 8 años internado en terapia intensiva volvió a poner en el centro de la escena una postal recurrente del verano en Pinamar: el descontrol en la zona conocida como “La Frontera”, donde cuatriciclos y UTV circulan sin controles efectivos, con menores a bordo y a velocidades extremas.
Así lo advirtió Alfredo Baldini, presidente de la Cámara de Turismo de Pinamar, quien señaló que la situación es el resultado de una “sumatoria de factores” que combina irresponsabilidad individual, falta de límites claros y un volumen de vehículos que hace cada vez más difícil el control. “Estamos hablando de cuatro o cinco mil vehículos dando vueltas por esa zona. Todos los años terminamos lamentando pérdidas humanas”, afirmó.
Entrevistado en LA CIELO, Baldini describió a “la olla”, uno de los puntos más críticos, como un espacio donde “parece que vienen a buscar la muerte”. Allí, según explicó, es habitual ver menores sin casco, vehículos sin patente y maniobras de altísimo riesgo, pese a que muchos de estos rodados —UTV incluidos— requieren capacitación específica para su manejo.
Una estación de servicio en el acceso, un incentivo adicional
A este escenario se sumó en los últimos días un nuevo elemento de preocupación: la inauguración de una estación de servicio YPF a metros del ingreso a la frontera. Se trata de una instalación con unos 40.000 litros de combustible en depósitos aéreos, ubicada en pleno bosque y pensada para facilitar la carga sin necesidad de volver al centro.
Hasta la inauguración de los surtidores fue bochornosa: participaron el Secretario de Turismo, Daniel Scioli; el diputado Cristian Ritondo y hasta el asesor estrella de Milei, Santiago Caputo, junto al CEO de YPF, Horacio Marín.
“Le facilitaron el combustible a una actividad que muchos queremos que se termine”, sostuvo. Para el titular de la Cámara de Turismo, lejos de ordenar la situación, la estación funciona como un incentivo adicional para la circulación descontrolada en una zona ya saturada y peligrosa.
El dirigente remarcó que, aunque los terrenos sean privados, eso no exime la responsabilidad estatal. “Que sea privado no significa que el Estado no tenga que actuar. Si en un lugar privado se comete una ilegalidad, el Estado interviene igual”, señaló.
Castigos más duros y límites claros
Baldini descartó que el problema se resuelva únicamente con multas económicas. “No es un problema de plata; es gente a la que no le importa pagar la multa”, explicó, y planteó sanciones más severas como la quita del registro, la prohibición de circular y la obligatoriedad de cursos de concientización.
Mientras tanto, el impacto no es solo simbólico. “Estamos llenando el hospital público de accidentados”, advirtió, y lamentó que Pinamar sea noticia por estos episodios y no por su oferta turística.
Según estimaciones del sector, hoy hay unas 300.000 personas en la ciudad, pero los episodios de riesgo involucran a una minoría. “Son 300 locos”, sintetizó Baldini. Sin embargo, alcanzan para poner en jaque la seguridad y reabrir un debate que, temporada tras temporada, sigue sin resolverse.
