El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, busca darle un cierre definitivo a los miles de proyectos de obra pública que quedaron paralizados en diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada. Se trata de unas 2 mil iniciativas distribuidas por todo el país que quedaron inconclusas y, en muchos casos, con deudas pendientes. Las constructoras ya se fueron, pero todavía no cobraron.
Todo indica que van a tener que seguir esperando porque este jueves salió una resolución que ofrece bonos y letras del tesoro para cancelar las acreencias del Estado nacional. El llamado Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública entra en vigencia mañana y le da un plazo de 10 días hábiles a los contratistas que quieran aprovecharlo para adherir.
Según la documentación oficial, el gobierno nacional va a cancelar esos compromisos pendientes, pero con tres instrumentos de deuda pública distintos: LECAP con vencimiento en octubre de este año y a tasa del 2,55%, BONCAP que expiran en enero de 2027 y una tasa del 2,5% y BONCAP a abril de 2027 y una tasa del 2,55%. Como contrapartida, el contratista deberá desistir “de todos los reclamos, ya sean administrativos o judiciales” por los incumplimientos del contrato.
En la resolución no mencionan cuántos proyectos están en condiciones de acogerse al nuevo régimen, pero la intención es abarcar a todos los que tienen deudas pendientes desde el 1º de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025, pero con un cupo máximo de $211,1 mil millones. Según el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, solo en la provincia de Buenos Aires quedaron mil obras pendientes y a nivel nacional esa cifra se duplica. Sin embargo, en estos años algunas fueron transferidas a las provincias y otras se retomaron.
De esta manera, el gobierno nacional busca ordenar un área que quedó diezmada con el paso de la motosierra libertaria. La norma que se publicó en el Boletín Oficial de este jueves admite “la necesidad de contar con un régimen ágil y simplificado” para saldar las deudas. Al mismo tiempo, habla de “indisponibilidad de créditos presupuestarios“.
