El intendente de San Martín, Fernando Moreira, cargó con dureza contra la reciente medida impulsada por el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que busca priorizar a los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el acceso a servicios públicos, especialmente en el sistema de salud.
Moreira calificó la iniciativa como “profundamente discriminatoria contra los bonaerenses” y aseguró que la medida refleja una visión “sectaria, mezquina y anticomunitaria” de la gestión porteña.
El conflicto: ¿Qué establece el decreto de Jorge Macri?
La controversia se originó a partir de una normativa que establece un sistema de prioridad de atención para los ciudadanos con domicilio en CABA en los hospitales públicos porteños. El argumento del Gobierno de la Ciudad se basa en la saturación del sistema sanitario y en la necesidad de administrar recursos ante lo que consideran una “sobrecarga” de pacientes provenientes de la provincia de Buenos Aires.
Jorge Macri ha sostenido que la Ciudad debe dar respuesta primero a quienes sostienen el sistema con sus impuestos locales, proponiendo incluso mecanismos de compensación económica o convenios con el gobierno provincial para cubrir los costos de los pacientes no residentes.
La mirada del AMBA como unidad
Para el jefe comunal de San Martín, esta decisión ignora la interdependencia estructural del Área Metropolitana de Buenos Aires. “No se puede gobernar la Ciudad de Buenos Aires como si fuera una isla, desconociendo que forma parte de un conglomerado urbano integrado”, sentenció Moreira.
El intendente destacó el rol fundamental que cumplen los habitantes del conurbano en la economía y la dinámica social de la Capital:
“Miles de bonaerenses sostienen todos los días el funcionamiento de la Ciudad: trabajan, estudian, producen y pasan más horas en CABA que en sus propios distritos. Negarles derechos o imponerles condiciones diferenciadas es desconocer la realidad misma del AMBA”.
Una frontera invisible
La crítica de Moreira se suma a la de otros mandatarios bonaerenses que ven en este decreto una ruptura del pacto de convivencia metropolitano. Según el intendente de San Martín, la medida no solo es injusta desde lo social, sino que es inviable en términos prácticos, dado que la frontera entre la Ciudad y la Provincia es, en la cotidianeidad de millones de personas, inexistente.
El debate queda planteado: mientras la Ciudad busca blindar sus recursos frente a la crisis, los distritos vecinos exigen una mirada regional que contemple la complejidad de las zonas urbanas más grandes de la Argentina.
