En medio de la necesidad de fortalecer las reservas y aumentar la circulación de divisas, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que enviará una nueva Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de despejar dudas jurídicas y acelerar el ingreso al sistema financiero de los dólares que los argentinos mantienen fuera de los bancos. Según estimaciones oficiales, se trata de unos USD 170.000 millones.
Aunque aclaró que “el espíritu de la ley no cambia”, Caputo explicó que la iniciativa busca brindar mayor seguridad a quienes todavía desconfían del régimen aprobado meses atrás.
“La ley de inocencia fiscal ya fue aprobada y el espíritu no cambia. El objetivo sigue siendo permitir que la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros porque estaba prohibido el acceso libre a la compra de dólares pueda formalizarlos en el sistema bancario sin penalidad”, sostuvo.
Según explicó el ministro, el Gobierno detectó que persistían dudas entre contribuyentes y asesores tributarios sobre el alcance de la normativa vigente. “Se generaron dudas con la anterior ley de asesores tributarios y con el correr de los meses fuimos recabando esa información. Armamos una mesa de trabajo con algunos tributaristas para que los ciudadanos se queden mucho más tranquilos”, afirmó.
La ley había quedado en el centro de la polémica luego de conocerse que el por entonces Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había pedido la adhesión a la norma junto a su esposa para intentar justificar sus ingresos en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El Gobierno apunta a los dólares fuera del sistema
Caputo vinculó la existencia de ese volumen de ahorro no declarado con la política económica de las últimas décadas.
“Argentina aumentó su nivel de gasto desde 24 hasta 43 puntos del PBI. Ese aumento fenomenal se financió con impuestos distorsivos, emisión monetaria y devaluaciones. Todo eso derivó en una masa muy grande de dólares en el colchón”, señaló.
El ministro remarcó que actualmente el sistema financiero registra un récord cercano a los USD 40.000 millones en depósitos en moneda extranjera, aunque aseguró que esa cifra representa apenas una cuarta parte del dinero que permanece fuera del circuito formal.
“La estimación del Banco Central es que hay USD 170.000 millones debajo de los colchones“, indicó.
La apuesta para “reactivar” la economía
Caputo insistió en que mantener los ahorros fuera del sistema financiero perjudica tanto a quienes los poseen como a la economía en su conjunto. La conferencia coincidió con la difusión de un dato poco alentador para el gobierno antes de una nueva revisión del acuerdo con el FMI: La actividad económica no repunta y sufrió su segunda caída mensual consecutiva
“Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio. Los dólares también pierden valor porque en Estados Unidos hay inflación. Es una muy mala decisión económica tener los dólares guardados”, sostuvo intentando persuadir al ciudadano que aún prefiere mantener sus ahorros fuera del sistema.
El ministro agregó que el ingreso de esos fondos permitiría expandir el crédito, apuntalar la actividad económica y mejorar la recaudación sin aumentar impuestos.
“Tampoco nos sirve como país porque necesitamos que la economía crezca y recaudar más”, afirmó.
En ese sentido, cerró con un mensaje dirigido a quienes todavía no adhieren al régimen: “Si no depositan los dólares del colchón es porque están muy mal asesorados” sostuvo.
¿Qué cambia con la nueva Ley de Inocencia Fiscal?
Además de ratificar el régimen vigente, el proyecto que impulsa el Gobierno incorpora modificaciones destinadas a dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y despejar las dudas que, según el propio Ministerio de Economía, surgieron tras la aprobación de la primera norma.
Entre los principales cambios figura la ampliación del universo de sujetos alcanzados, incluyendo también a los grandes contribuyentes. Asimismo, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, ajustando los parámetros bajo los cuales ARCA podrá quebrar la presunción de exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes.
Otro de los puntos centrales apunta a la carga de la prueba. El proyecto establece que, ante una observación del organismo recaudador, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada rectificativa y cancelar la diferencia determinada dentro de un plazo de hasta 15 días hábiles desde la notificación, evitando así consecuencias más gravosas.
La iniciativa también contempla un mecanismo de reintegro acelerado, con el objetivo de agilizar las devoluciones y reducir los tiempos administrativos para quienes regularicen su situación fiscal.
Con estos cambios, el Gobierno busca reforzar la confianza en el régimen de inocencia fiscal y convencer a quienes aún mantienen sus ahorros fuera del sistema financiero de que los incorporen a la economía formal, una apuesta clave para captar parte de los USD 170.000 millones que, según estimaciones del Banco Central citadas por Luis Caputo, permanecen “debajo del colchón”.
