Desde las 10 de la mañana los intendentes de todo el país defendieron su derecho a fijar la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene a empresas instaladas en sus distritos, recaudación que equivale al 35% de los ingresos totales de los municipios bonaerenses. Fue en audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia donde, en primer lugar fijaron su posición, una docena de expositores entre “amicus curiae”, las partes y especialistas en la materia.
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Se trata de un expediente iniciado en el 2002 por la denuncia que realizó la compañía ESSO Petrolera Argentina S.R.L. contra la Municipalidad de Quilmes a raíz de la aplicación de una tasa en cuestión por dos estaciones de servicio ubicadas en ese distrito. La empresa consideró que se excedía en sus facultades al pretender cobrarle la tasa tomando en cuenta la base imponible los ingresos brutos que declaraba ante la Provincia.
La tasa en cuestión se cuantificaba tomando como base los ingresos brutos provinciales del contribuyente.
El caso llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía de un recurso de queja interpuesto por la demandante luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmara la desestimación de la demanda.
Por eso, el Máximo Tribunal tomó cartas en el asunto y la ministra de la Corte, Elena Highton de Nolasco, convocó a una audiencia para el 29 de mayo para tratar el caso “ESSO Petrolera Argentina S.R.L. c/ Municipalidad de Quilmes s/ acción contencioso administrativa”, pero una semana antes fue postergada para el 6 de este mes.
MUNICIPIOS DEFIENDEN LA TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE by Eduardo Médici on Scribd
Tal como señaló este medio, Quilmes no encarará el proceso en soledad: más de 40 municipios, de todos los signos políticos, se presentaron bajo la figura de “amicus curiae”. Verdaderos pesos pesados de Cambiemos –como Jorge Macri, Gustavo Posse y Néstor Grindetti-, y del PJ –como Martín Insaurralde, Alberto Descalzo, Juan Zabaleta y Mariano Cascallares-, se anotaron para defender el derecho a cobrar una tasa que puede llegar a representar un tercio de los ingresos anuales de algunos distritos. Otros, donde se radican grandes emprendimientos fabriles, refinerías y puertos, perderían todavía más.
Lo que está en juego es la sustentabilidad del sistema municipal pero la cuestión de fondo es respecto de la autonomía municipal, consagrada en la Constitución Nacional pero nunca formulada por la carta magna bonaerense.
En la audiencia participaron los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. El juez Carlos Rosenkrantz se ha excusado de intervenir en la causa.
Los oradores principales fueron la empresa Axion; el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, y su representante legal. Pero, además, habrá expositores bajo la figura “amicus curiae” y especialistas en la materia.
Por un lado estarán los jefes comunales, unos 40, encabezados por Jorge Macri y el abogado cordobés Antonio Hernández, en representación de los intendentes de San Isidro, Lomas de Zamora, Hurlingham, Lanús, Morón, Ituzaingó, Almirante Brown, Tres de Febrero, La Plata, Pilar, Florencio Varela, San Miguel, Pigüé, Campana, Cañuelas, Azul, Bahía Blanca, Baradero, Carlos Tejedor, Coronel Suárez, General Arenales, General Lavalle, General Rodríguez, General Villegas, Junín, Lezama, Lincoln, Lobos, Partido de la Costa, Maipú, Mar Chiquita, Olavarría, Pergamino, Pinamar, Rivadavia, Rojas, Saladillo y Trenque Lauquen, todos de Buenos Aires.
También expuso el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que preside el PJ bonaerense. De ese lado se suman la Federación Argentina de Municipios (FAM), cuya titular es la kirchnerista Verónica Magario; el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal; el Centro de Estudios de Administraciones Tributarias Subnacionales (Ceats), y la Asociación Civil de Estudios Constitucionales.
Enfrente tendrán las siguientes organizaciones empresarias: la UIA, la Copal, la CAME y la Unión Industrial bonaerense (Uitba).
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