El proyecto de exploración petrolera off shore en el mar argentino encontró un freno por parte de la Justicia luego de que se dictara una cautelar a favor de una ONG de ambientalistas, que suspende la aprobación de la empresa en Mar del Plata.
La medida fue aceptada por el Juzgado Federal nº 2 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago José Martín, que dio lugar al pedido de suspensión radicado por la organización de Ambientalistas Organizados.
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En sus argumentos, los ambientalistas pusieron el foco en el “riesgo de daño inminente” en la que se encuentran las poblaciones de animales marinos en peligro de extinción “dado que las explosiones sonoras en su hábitat natural le pueden provocar daño grave e irreparable e inclusive hasta la muerte”.
A ello se suma una acción de amparo que fuera presentada por el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, quien afirmó que la población marplatense “no fue convocada en el procedimiento de información y participación ciudadana”, algo a lo que adhirió la organización ambientalistas Greenpeace.
Las definiciones de la Justicia Federal
Para dar lugar a la cautelar de la ONG, el juez Martín consideró tres puntos clave:
- El cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).
- La falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisión.
- Las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino.
La Defensoría del Pueblo exigió estudios ambientales
En tanto, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, tomaron postura al respecto y pidieron que no se avance con el proyecto si no cumplen con todos los principios y estándares en materia de protección del medio ambiente, y si no se aprueban de manera participativa todos los informes de evaluación de impacto ambiental.
“Debemos conocer en detalle cuál será el impacto sanitario, ambiental, económico y social de esta actividad, y asegurar la participación ciudadana mediante audiencias públicas en todas las decisiones que las puedan afectar. No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y no se puede gestionar ignorando los reclamos legítimos de la gente”, expresó Lorenzino.
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