Este lunes, el presidente Macri anunciará un plan de restructuración de las Fuerzas Armadas nacionales, en el cual tendrá como eje central la creación de “unidades militares conjuntas”, que estarán integradas por miembros de las tres fuerzas, así como el posible cierre de regimientos, en el marco de un achique del Estado que exige el ajuste.
Todo está muy confuso entre la relación del gobierno de Cambiemos y los principales mandos de las FFAA: primero, Macri dio un anticipo de su interés para que las fuerzas reemplacen el trabajo que realizan las Fuerzas de Seguridad, como es el control de las fronteras, lo que causó un fuerte rechazo de organismos de Derechos Humanos.
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Sin embargo, semanas después, el gobierno buscó ejecutar un fuerte ajuste en el presupuesto de las Fuerzas Armadas anunciando solo un 8% de aumento, lo que provocó que sus miembros desistan de realizar el desfile patrio para el pasado 9 de Julio. Finalmente, el ministerio de Defensa que dirige Oscar Aguad, cerró esa cifra en un 20%, pasando de un extremo al otro.
Es por esto que ahora, el plan de reconversión que busca garantizar Cambiemos intentará consensuar las políticas del gobierno sin al mismo tiempo, generar un fuerte ajuste dentro de las Fuerzas.
Según Infobae, esta reconversión buscará concretarse en tres partes durante cinco años, en el cual prevé “no solo la reorganización interna de los cuarteles o el despliegue de militares en las fronteras sino también la posibilidad de que la Argentina vuelva a tener producción propia para la defensa, un nuevo plan de estudios para los uniformados y un sistema de ciberdefensa sofisticado”.
Pero, el nuevo rol que Macri le quiere asignar a los miembros de las tres fuerzas armadas vuelve a generar la polémica: las leyes de defensa nacional y seguridad interior, así como el decreto 727 del años 2006, prohíben el funcionamiento de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior.
Por lo cual, el gobierno pasaría por encima de la Constitución y la ley, en caso de avanzar con esta medida.
Los organismos de Derechos Humanos advierten que debajo del pretexto de combatir las “nuevas amenazas” como pueden considerarse al “terrorismo” y al “narcotráfico”, las calles se pueden llenar de presencia policial, así como de militares para asuntos de seguridad interior.
Algunos países de la zona, como Colombia y Brasil, dieron paso a estas políticas y los resultados están a la vista: el grado de violencia es mucho mayor que antes.
Aunque todavía no se conocen los detalles, la unificación de las tres fuerzas en esas “unidad militares conjuntas” podrían enviar de tropas a zonas fronterizas como Misiones y de esta forma, liberar el uso de Gendarmes y policía federal para contener las fuertes protestas que el gobierno parece adivinar.
Sobretodo, para que a fin de año durante la Cumbre del G-20, las calles de la Capital Federal no se conviertan en un zona controlada por los movimientos sociales y políticos que protestarán contra el ajuste y el acuerdo con el FMI.
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