En el lejano 2020, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió al son de bombos y platillos un proyecto para modificar la ley 14.924 de cannabis medicinal y la formación de la Agencia Provincial de Cannabis, que se perdió en el tiempo y en los vaivenes de la política y quedó inmóvil en la Legislatura.
La propuesta incluía esta Agencia como un órgano responsable de regular, gestionar y controlar las acciones que surjan de la ley, que adhiere a la nacional 27.350. Según explicaron los entonces ministros de Salud, Daniel Gollan y de Gobierno, Teresa García, sería responsable de gestionar ante otros organismos las habilitaciones y convenios necesarios para la promoción, la investigación y la industrialización del cultivo.
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Además, creaba el Registro Provincial de Cannabis, cuya función sería la de asegurar que quienes necesiten tratamiento puedan acceder a las plantas de cannabis o sus derivados. Pero el proyecto del Ejecutivo perdió estado parlamentario y quedó en la nada. Desde este medio se consultó a la cartera de Salud por el proyecto, pero no hubo respuestas.
Las diferencias con la oposición y el marco de las elecciones de medio término que dinamitaron las internas en el Frente de Todos, hicieron que la iniciativa quedara estancada, para el lamento de las organizaciones sociales.
En el medio, el Gobierno nacional promulgó la ley que promueve autorizaciones para los productores y comercializadores, además de estrategias de seguridad y fiscalización. El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.
Los desacuerdos con la oposición
En Juntos ya habían presentado una iniciativa similar para promover la investigación y el acceso a los usuarios terapéuticos de autoría de Emiliano Balbín, pero tampoco avanzó. En este proponían que lo absorba el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Salud. “Lo trabó el oficialismo”, aseguraron a Infocielo.
La oposición metió el dedo en la llaga y asegura que fue el propio Frente de Todos el que “no se puso de acuerdo en quién manejaría la Agencia que ellos mismos crearon”. En tanto, emitieron despachos de minoría para marcar que, de crear un órgano de control, ellos y los profesionales debían participar. No hubo acuerdo.
Aquí también entra la demanda por parte de los intendentes interesados en contar con la ley, ya que hay algunos municipios, como General La Madrid y Tornquist, que ya tienen plantaciones de cannabis por convenios con organismos como el INTA.
Ahora, el radicalismo de la mano de Balbín sale nuevamente a la cancha con foros participativos en Bahía Blanca y La Plata para los que se convocó a sectores involucrados como organizaciones, profesionales de la salud, abogados e intendentes.
Las organizaciones, decepcionadas
En el medio quedaron las organizaciones que representan a usuarios de cannabis, quienes fueron partícipes de las conversaciones para el armado de la ley, pero luego quedaron desplazados.
“Quedó en nada. No se movió más y jamás nos recibieron. Seguimos igual o peor que antes porque los allanamientos y detenciones aún con REPROCANN no cesaron”, aseguraron a este medio referentes del Frente De Agrupaciones Cannabicas bonaerense.
Por eso, ante la decepción y la incertidumbre, decidieron dar un paso y se concentran en armar una Confederación cannabica, dado que así no podría serles negado el trabajo con la planta y derivados. “Estamos buscando volver a hablar, pero sin movilizaciones porque ya no funcionan, por lo menos a nosotros”, lamentaron.
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