En medio del escándalo político generado por las declaraciones juradas del diputado de La Libertad Avanza Francisco Adorni, y de su hermano, el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, el PRO presentó en el Senado un proyecto para endurecer los controles patrimoniales sobre candidatos y funcionarios electos.
La iniciativa apunta a modificar la Ley Provincial N° 15.000 y establece que quienes resulten electos para cargos públicos provinciales no podrán asumir, jurar, iniciar funciones ni percibir haberes si antes no acreditan la presentación de su declaración jurada patrimonial.
El proyecto apareció en plena controversia por las inconsistencias detectadas en las declaraciones patrimoniales vinculadas al entorno de Manuel Adorni y de su hermano, el diputado libertario, Francisco Adorni, una situación que abrió cuestionamientos opositores y volvió a poner el foco sobre los mecanismos de transparencia y control de los funcionarios públicos.
EL PROYECTO
La propuesta legislativa incorpora un nuevo artículo que fija un “impedimento temporal de asunción” para quienes incumplan con la obligación. Según el texto, la restricción se levantará automáticamente una vez presentada la documentación correspondiente.
La iniciativa también obliga a los organismos que toman juramento o habilitan funciones a verificar previamente la presentación de las declaraciones juradas, bajo apercibimiento de eventuales responsabilidades administrativas y disciplinarias.
En paralelo, el proyecto establece que las autoridades de aplicación deberán publicar antes de cada asunción el listado de funcionarios electos que cumplieron y de quienes mantienen pendiente la presentación de la documentación patrimonial.
En los fundamentos, los autores sostienen que la legislación vigente fija la obligación de presentar declaraciones juradas pero carece de “una consecuencia directa, específica y operativa” frente a quienes incumplen antes de asumir cargos públicos.
El texto aclara que la medida no crea una causal de inelegibilidad ni implica pérdida del cargo, sino que condiciona el inicio efectivo de funciones al cumplimiento de una obligación vinculada a la transparencia patrimonial.
Además, remarca que las declaraciones juradas constituyen una herramienta central para prevenir conflictos de intereses, detectar inconsistencias patrimoniales y fortalecer el control ciudadano sobre la función pública.
¿TRANSPARENCIA O CHICANA?
El proyecto impulsado por el senador Alex Campbell también se lee en clave de interna política entre el PRO y Javier Milei. La iniciativa apareció en medio de la escalada del caso que involucra a Manuel Adorni y a su hermano, el diputado bonaerense Francisco Adorni, y expuso el malestar creciente de un sector del macrismo con la conducción libertaria.
En las últimas semanas, Mauricio Macri endureció públicamente el tono frente al Gobierno nacional. Sin mencionar directamente a Adorni, el expresidente afirmó que “si el PRO calla, el populismo avanza” y pidió a sus dirigentes “marcar lo que no funciona”, incluso cuando eso genere incomodidad dentro de la alianza parlamentaria que sostiene varias de las iniciativas libertarias.
La tensión ya había quedado reflejada en comunicados partidarios y declaraciones reservadas de dirigentes amarillos. Desde el PRO aseguraron que acompañar el rumbo económico de Milei “no es aplaudir todo” y evitaron cerrar filas detrás del jefe de Gabinete en plena investigación patrimonial. “No lo vamos a empujar, pero tampoco a defender”, resumieron cerca de Macri sobre la situación de Adorni.
En ese contexto, el proyecto de Campbell fue leído por algunos en la Legislatura bonaerense como una señal política directa hacia el oficialismo libertario. La propuesta apunta justamente a impedir que dirigentes electos puedan asumir cargos públicos sin tener regularizada su declaración jurada patrimonial, el mismo punto que hoy quedó bajo discusión pública tras las inconsistencias detectadas en los patrimonios de los hermanos Adorni.
