La senadora Sofía Vanelli presentó un proyecto en la Legislatura para instar a los legisladores nacionales a que constituyan una Comisión Bicameral de Investigación destinada a indagar el envío de reservas de oro del Banco Central al exterior.
El objetivo es que esta comisión determine la cantidad total de oro transferido, las fechas, jurisdicciones receptoras, entidades beneficiarias, los fundamentos técnicos o contractuales que motivaron las operaciones y el estado actual de disponibilidad de esos activos, todas cuestiones que el ministro Luis Caputo no ha respondido hasta el momento.
Vanelli apunta que en septiembre de 2024 el Banco Central anunció que había efectuado transferencias de sus reservas de oro hacia distintas entidades financieras del exterior. Aunque el organismo afirmó que no se modificó el volumen total, no se precisó cuánto se movió, hacia dónde, bajo qué contratos ni con qué finalidad.
El BCRA invocó razones de seguridad para omitir detalles, lo que despierta interrogantes de transparencia y control institucional.
DATO CLAVE: TONELADAS, VUELOS Y CIFRAS
En los fundamentos del proyecto, la senadora agrega que 37 toneladas de oro habrían sido enviadas a Londres, y que se realizaron cuatro vuelos desde Ezeiza transportando 13 toneladas, con un valor estimado cercano a USD 960 millones. Tales cifras no habían sido divulgadas oficialmente —ni los contratos, ni los costos de transporte, seguros, comisiones ni custodios externos— lo que, según Vanelli, exige intervención del Congreso para conocer esos detalles.
Vanelli remarca que el propio BCRA reconoce el valor contable del oro como de aproximadamente USD 4.981 millones en 2024, lo que da dimensión del asunto: estos recursos son estratégicos para el balance de reservas del país. Cambios en su custodia, su condición contractual o su ubicación pueden repercutir en la solvencia percibida, en la exposición a medidas judiciales o cautelares del exterior, y en la confianza internacional.
Además, el proyecto señala que la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que el BCRA no entrega o demora información clave: destino del oro, rendimiento, costos, seguros y documentación de respaldo. La auditoría sobre esas reservas se encuentra trabada por la falta de acceso. “Si la AGN no accede a datos básicos, el sistema de rendición de cuentas queda vacío de contenido”, advierte Vanelli.
QUÉ EXIGE LA BICAMERAL Y EL VALOR INSTITUCIONAL
La iniciativa encomienda que la Comisión Bicameral recabe y publique los contratos, informes técnicos, análisis de riesgo, actas de custodia y cualquier otro respaldo documental relacionado con el traslado del oro.
El proyecto también indaga si se usaron mecanismos de pignoración, swaps, garantías colaterales o contratos con cláusulas que limiten la libre disposición de esos activos. Si existen obligaciones, la comisión debe determinar si comprometen la soberanía financiera del país.
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El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, reclamó al presidente Milei la reactivación de obras hidráulicas y el pago de subsidios a los damnificados.
Para Vanelli, esa intervención no es meramente simbólica: la provincia de Buenos Aires tiene un interés directo en la defensa del patrimonio nacional, pues su economía y sus ciudadanos dependen de la estabilidad y del crédito del país.
El proyecto subraya que la publicidad de los actos estatales es la regla y que el secreto debe ser excepcional, no una herramienta para obstruir el control legal por parte del Congreso y la AGN.
LOS INTERROGANTES QUE PERSISTEN SOBRE EL ORO ARGENTINO
El traslado al exterior de reservas de oro generó una fuerte polémica por su magnitud y falta de transparencia. Las cifras mencionadas —37 toneladas enviadas a Londres, vuelos desde Ezeiza con alrededor de 13 toneladas valoradas en USD 960 millones— apuntan a operaciones de gran escala que han sido reconocidas oficialmente como una reubicación de activos, pero sin que se haya divulgado el detalle de los movimientos.
El Banco Central sostiene que no modificó el volumen total de reservas en oro, y que todo fue una operación interna de reposicionamiento. Sin embargo, el hecho de que no se hayan dado a conocer contratos, entidades receptoras, seguros, gastos de traslado ni avales legales, mantiene un margen de sospecha abierto.
