La salida de Marco Lavagna del INDEC no puede leerse como un hecho aislado ni meramente administrativo. Detrás de la renuncia del ahora ex titular del organismo estadístico aparece una tensión de fondo con el Gobierno, vinculada a la medición de la inflación, principal variable económica y política de la actual gestión.
Lavagna había anunciado la implementación de una nueva fórmula para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), basada en una canasta de consumo más actualizada y representativa de los hábitos actuales. Uno de los cambios centrales de esa reformulación es el mayor peso del segmento “servicios” dentro del índice final, en línea con el aumento estructural que ese rubro tiene en el gasto de los hogares.
De hecho, el impacto de la suba de las tarifas fue subestimado durante la gestión de Javier Milei, no por decisión política explícita, sino porque en la fórmula utilizada tenían menor preponderancia que el peso real en la economía de los hogares.
En Casa Rosada y en Economía comenzaron a encenderse las alarmas. El Gobierno busca mostrar una desaceleración sostenida de la inflación como su principal carta de presentación ante la sociedad, pero los números no acompañan ese objetivo. En ese contexto, la nueva fórmula del IPC pasó de ser una mejora técnica a convertirse en un problema político.
Según pudo reconstruirse, desde el Gobierno le pidieron a Lavagna que postergara la puesta en marcha de la nueva medición. El motivo es claro: con los tarifazos ya anunciados —y otros en carpeta— y con un mayor impacto de los servicios en el índice, la inflación difícilmente muestre una baja en el corto plazo. Por el contrario, el riesgo es que acelere.
Las proyecciones privadas refuerzan ese temor. Algunas consultoras estiman que la inflación de enero, que se dará a conocer el próximo 10 de febrero, rondará el 3%. Incluso, varios analistas la ubican por encima de ese nivel, en torno al 3,1%, muy lejos del sendero descendente que busca instalar el oficialismo.
En contraste, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró esta mañana en una entrevista radial que la inflación de enero “debería andar alrededor del 2,5%”. Un número que, de no confirmarse, lo dejaría en una posición incómoda. Si el IPC supera el 2,8% de diciembre, Caputo quedaría en off side; y el escenario sería aún más adverso si el índice cruza la barrera de los 3 puntos.
En ese marco, aplicar la nueva fórmula del IPC en medio de una retirada del Estado en materia de subsidios y un fuerte incremento de tarifas —como el aumento del 17% en el gas ya anunciado— implicaría un impacto directo sobre el índice general. Con mayor peso de los servicios, la inflación podría “dispararse” estadísticamente, aun cuando el Gobierno insista en que se trata de un fenómeno transitorio.
