El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió este miércoles el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como “La ruta del dinero K”.
La causa, que había sido iniciada en 2013, llevó a juicio oral al empresario Lázaro Báez, condenándole a una pena de 12 años de prisión por lavado de activos.
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En el caso de Cristina Kirchner, el juez federal Sebastián Casanello había dictado la falta de mérito, y el fiscal Marijuán requirió una serie de medidas de prueba que terminaron con su pedido de sobreseimiento.
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El fiscal había solicitado ante la Cámara Federal que indague a la vicepresidenta, a partir de las declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña.
Ahora, finalmente el fiscal Marijuán concluyó que si bien pudo determinar una relación entre el empresario santacruceño y las dos veces presidenta, ésta no estuvo involucrada en el delito de lavado de activos.
“Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió interrogarla“, escribió Marijúan en su dictamen de 46 páginas.
En febrero pasado, la Sala IV de Cámara Federal de Casación Penal había reducido la condena de Lázaro Báez a 10 años de prisión, y consideró que no se encontraba probado que el dinero lavado fuera de ilícitos provenientes de la construcción de rutas en Santa Cruz.
En el caso Báez, la Justicia resolvió que el empresario lavó activos por 55 millones de dólares a través de sociedades off shore radicadas en Panamá y de bancos suizos, dinero que repatrió por medio de la compra de bonos de deuda argentinos durante el gobierno de Mauricio Macri, momento que se asoció con el empresario Ángelo Calcaterra para licitar obras en Santa Cruz.
La “Ruta del dinero K” tomó relevancia pública en particular con las excavaciones que el fiscal Marijuán realizó en 2016, en el marco de un allanamiento en la estancia de Báez en la estepa santacruceña. La hipótesis judicial entendía que la familia Kirchner había beneficiado al constructor con obra pública, quien a la vez sería su testaferro y realizaba los retornos por medio de los hoteles de la empresa Hotesur.
Hasta el momento, Cristina Kirchner fue condenada en primera instancia en la causa Vialidad, donde el TOF 2 resolvió una pena de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, por el delito de defraudación al Estado. En tanto que descartó el delito de asociación ilícita.
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